Correspondencia Leona no viene a llevarse bien con nadie. Viene de una tradición muy concreta: la de las mujeres que decidieron informar, aunque eso costara la cárcel, el exilio o la hoguera social. Esta columna hereda ese carácter y no pide disculpas por ello.
En 1813, Leona Vicario escribía cartas desde su celda en el Colegio de Belén y las hacía llegar, escondidas, a los campamentos insurgentes. No eran cartas de amor: eran inteligencia militar. Movimientos de tropas, rutas, dinero. Financió con su propia fortuna la impresión de El Ilustrador Americano y el Semanario Patriótico Americano. Cuando la descubrieron, no la acusaron de traición armada. La acusaron de saber demasiado y de contarlo. La encerraron y la exiliaron por eso.
Habría que preguntarle qué opina de Natalia Torres.
La abogada, profesora de Teoría Constitucional en la Universidad Panamericana —donde la carrera de Derecho puede superar el millón y medio de pesos—, dijo en el podcast Leo y Nacho que el voto debería condicionarse a un examen de conocimientos cívicos, como quien saca una licencia de manejo. “¿Todos deberían de votar? Yo creo que no. Y lo volveré a decir 75 veces”. Días después, ya bajo la ola de críticas, se dijo sacada de contexto: que su intención nunca fue restringir el sufragio, sino “abrir una discusión” sobre educación cívica. La aclaración llegó tarde, y convenció a pocos, sobre todo después de que declarara que la presidenta Claudia Sheinbaum, como titular del Ejecutivo, “no tiene derechos humanos”. Sheinbaum calificó la propuesta original de absurda, regresiva y porfirista, y advirtió que detrás de esas ideas suele estar la intención de que gobierne una élite.
El artículo 34 constitucional garantiza el voto sin condicionarlo a estudios, ingreso o mérito percibido. Esa garantía no siempre existió: se reformó apenas en 1953, después de que mujeres como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto y Esther Chapa organizaran durante décadas mítines, publicaciones y frentes políticos para exigirla. El sufragio universal no fue una cortesía del Estado. Se ganó, palmo a palmo, contra la misma lógica que hoy reaparece con otro nombre y otro acento.
Y aquí toca ser honesta, porque esta columna no vino a simplificar: la pregunta de fondo que Torres tocó —cómo lograr un voto más informado en un país donde el Estado ha fallado en la formación cívica de sus ciudadanos— no es absurda. Es legítima. El problema no fue plantearla. El problema fue convertirla en filtro de exclusión y no en responsabilidad estatal, y hacerlo desde un lugar que jamás ha sentido el costo de quedar fuera del padrón.
Leona Vicario arriesgó su libertad para que la información llegara a quienes no la tenían. Ese fue el delito, en 1813. Doscientos trece años después, el delito parece haberse invertido: ya no se castiga a quien informa, se aplaude a quien decide, desde el confort, quién merece saber y quién no.
Pienso en eso cada vez que alguien dice, con toda tranquilidad, que hay gente que no debería votar. Pienso en las manos que escribieron esas cartas desde una celda, con el papel escondido entre la ropa, sabiendo que si las atrapaban no había vuelta atrás. Pienso en que ese riesgo no lo tomó nadie con un examen de conocimientos cívicos bajo el brazo. Lo tomó una mujer que decidió que el pueblo merecía saber, punto, sin acreditación de por medio.
Esta columna no va a resolver ese debate en un párrafo, y no pretende hacerlo. Pero sí va a insistir, semana tras semana, en la misma pregunta incómoda: ¿desde dónde hablas cuando decides quién merece un lugar en la mesa?
Leona no pidió permiso para informar. Nosotras tampoco.
