Cinco años. Eso tardó la Semarnat en resolver un expediente que entró a su ventanilla el 29 de julio de 2021 y que, según la propia dependencia, no representaba nada extraordinario: un restaurante, unas terrazas, una rampa para lanchas y un estacionamiento dentro del parque Xcaret. Lo resolvió hasta el 6 de agosto pasado. Lo hizo público hasta el viernes 14.
El dato exacto está en la Gaceta Ecológica número DGIRA/0039/26, publicada el 13 de agosto: página 2, numeral 17. Ahí aparece la clave real del expediente, 23QR2021T0055, a nombre de Destino Xcaret, S.A. de C.V. y Promotora Xcaret, S.A.P.I. de C.V. El permiso que le dieron no es de trámite: diez años para construir, setenta para operar.
¿Por qué se tardaron cinco años en decir que sí a un restaurante? Porque nadie los apuró. El resolutivo reconoce que el proyecto está en zona clasificada por el INPI como territorio de comunidades mayas, y que hacía falta consultarlas antes de mover una piedra. Esa consulta no la exigió Semarnat por iniciativa propia. La exigió después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le mandara dos recomendaciones. Dos. La ley ya obligaba a esa consulta desde antes de que el expediente existiera —la Constitución en sus artículos 1 y 2, el Convenio 169 de la OIT— y aun así hicieron falta cinco años y una comisión de derechos humanos insistiendo para que se aplicara.
Tampoco es la primera vez que le pasa a este mismo corredor. En 2022, la Profepa sancionó al Hotel Flamenco Xcaret —de los mismos socios fundadores— por construir sin la Manifestación de Impacto Ambiental que la ley exige. Presentaron una MIA en diciembre de 2023 y se la rechazaron. Lo volvieron a intentar, y a inicios de este año consiguieron permiso para ampliar por cincuenta años. A un costado de ese mismo parque, la marina Sol de Selva se autorizó “de manera condicionada” pese a que la propia Secretaría de Ecología del estado había objetado por escrito que el proyecto no cumplía con conservar el 75% de la playa rocosa: Xcaret había quitado el 100%. Se aprobó de todos modos.
Ahora pongan esto junto a lo que le pasó a Royal Caribbean, a 380 kilómetros de ahí, en Mahahual.
Perfect Day México era un parque acuático de 600 millones de dólares que la propia gobernadora Mara Lezama presentó con entusiasmo en octubre de 2024. La empresa metió su MIA, propuso infraestructura de mitigación, empleos, programas comunitarios. Un juez federal incluso le dio, en marzo de este año, una suspensión definitiva para seguir tramitando permisos. Y aun así, el 19 de mayo, Alicia Bárcena salió a decir, sin rodeos: “no se va a aprobar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean”. Cero condicionantes, cero segunda vuelta. Se acabó ahí.
¿Qué cambió entre un caso y otro? No fue el tamaño del ecosistema en juego: los dos tocan arrecife. No fue que Royal Caribbean se saltara reglas: el proyecto ni siquiera había empezado a construir, cosa que Xcaret ya hizo sin permiso en 2022 y salió bien librado. Lo que cambió fue quién se le puso encima. Contra Royal Caribbean hubo cuatro amparos de organizaciones civiles, campañas virales en TikTok e Instagram con lemas como “Salvemos Mahahual”, y una presidenta que pidió revisar el expediente en persona. Contra Xcaret, en cambio, sólo hay dos recomendaciones de la CNDH que tardaron cinco años en moverle una coma al resolutivo.
Eso es lo que hay que nombrar sin miedo: la autoridad ambiental no está aplicando la misma vara. La está aplicando donde le conviene, según qué tanto ruido se le haga o qué tan incómodo resulte decir que no. Royal Caribbean, extranjera, pagó el costo político completo por un proyecto que ni siquiera arrancó. Xcaret, mexicana y arraigada en la estructura turística del país, sigue coleccionando permisos condicionados pese a un historial de sanciones y estudios copiados entre sí mismos.
Si la vara para proteger un arrecife depende de quién es el dueño del proyecto y no del arrecife, entonces no hay vara. Hay favor.
Leona no pidió permiso para informar. Nosotras tampoco.
