- Para las 13 víctimas reconocidas, agredidas y violentados sus derechos de manifestación, libre expresión, libertad, seguridad e integridad personal, “nada se ha cumplido”.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Al cumplirse un año de la brutal represión policiaca del 9 de noviembre (9N) contra un grupo de manifestantes que exigían el esclarecimiento en el feminicidio de la joven “Alexis” en Cancún, las víctimas insistieron en el incumplimiento de la recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO).
Para las 13 víctimas reconocidas, agredidas y violentados sus derechos de manifestación, libre expresión, libertad, seguridad e integridad personal, “nada se ha cumplido”.
A pesar de que la autoridad municipal sostiene que se les dio una atención favorable a los 10 puntos emitidos, para las agraviadas “en realidad no, porque todos los puntos de la recomendación tenían que ser a satisfacción de las víctimas, y ninguno se consultó con el Comité (de Víctimas del 9N) ni con las víctimas, para ser cumplidos”.
La versión de las afectadas coincide con el procedimiento administrativo que sigue el documento CDHEQROO/20/2020/II, luego de que el organismo autónomo “dio vista a la (XVI) Legislatura”.
El trámite contempla que los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado llamen a comparecer a la autoridad señalada como responsable, para que explique los motivos que le han impedido atender la recomendación, al agotarse el plazo de seis meses que la ley le concede.
“Esperar a que el Congreso mande a comparecer a la presidenta (municipal), estamos a la espera de eso. Realmente ni siquiera hay una respuesta, sólo justificaciones…. Será algo interesante de ver, si el Congreso está del lado de las víctimas o de ellos”, expresó una de las víctimas identificada con las iniciales W.A.G.H.
De los hechos ocurridos en la Plaza de la Reforma, las investigaciones reconocieron la presencia de 77 elementos de la policía local, de los cuales 11 (encabezados por el ex director de la policía de Benito Juárez, Eduardo “S”), fueron llevados a juicio y enfrentan proceso penal.
De los presuntos responsables, una decena se le mantiene en prisión preventiva como lo ordenó un Juez de Control del Sistema Penal Oral de Quintana Roo, por utilizar métodos violentos para disolver la protesta.
En la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/18411/2020 de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, hay ex uniformados que también enfrentan cargos de abuso de autoridad, lesiones culposas y encubrimiento en agravio de la Administración de Justicia.
De acuerdo con los informes entregados a la CDHEQROO hubo también otros 10 elementos y cinco unidades de la policía estatal que no participaron en los hechos en los que resultaron con herida de arma de fuego dos reporteros y una manifestante.
El pago de reparación del daño a todas las víctimas (cuyo dictamen integral se hará nuevamente por orden de un juez federal) habría oscilado entre un millón 300 mil pesos y millón 690 mil pesos, aproximadamente.
Ante el Congreso del Estado han comparecido la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), Karla Patricia Rivero, y el titular de la CDHEQROO, Marco Antonio Toh Euán.
De la decena de puntos de recomendación, las autoridades municipales han manifestado que a las víctimas se les ofreció atención médica, jurídica y psicológica a través de las instituciones municipales, pero fue rechazada.
Se otorgó también a cada una 100 mil pesos (diciembre 2020) como anticipo del pago de reparación y se les inscribió en el Registro Estatal de Víctimas.
Igualmente, se iniciaron y se concluyeron los procedimientos administrativos de responsabilidad contra los uniformados y se participó en las investigaciones de la Fiscalía, además que hubo una disculpa pública por Facebook.
Las autoridades municipales destacaron que igualmente se colocó una placa alusiva en la Plaza de la Reforma (con la cual estuvieron en desacuerdo las víctimas) y se instituyó el Día Municipal del Derecho Humano a la Legítima Protesta.
Se creó igualmente una agrupación especializada en el manejo de manifestaciones, se capacitó a los policías en derechos humanos, técnicas de negociación, nuevas masculinidades y diversidad sexual, libre manifestación y libertad de expresión.
Otras acciones emprendidas fueron la aprobación de protocolos de Conflictos Sociales, de Actuación de Manifestaciones, de Dispersión y Uso Legítimo de la Fuerza en Manifestaciones y Perspectiva de Género.
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