Por KUKULKÁN
DESDE hace seis años en que se instauró en la justicia estatal, el sistema oral en materia penal comienza a colapsar en su objetivo de brindar justicia pronta y expedita, tanto por la carga de trabajo en las audiencias, la falta de juzgadores especializados y el reducido tiempo de 30 minutos que les impone la ley para fallar los casos. El problema es que no todos los casos que vienen resolviendo los estrenados jueces orales de Quintana Roo son de igual complejidad. Hay algunos por delitos de narcomenudeo con participación colectiva y detenidos en flagrancia, pero a la sala de sesiones llegan estar presentes diez o más ‘presuntos responsables’ a los que se debe tomar su declaración, uno por uno. Claro que 30 minutos son insuficientes y esto ha provocado un rezago de sesiones con agenda hasta marzo.
EL BUEN funcionamiento del sistema adversarial acusatorio depende de tres partes: el juez, sí, pero también el ministerio público que acusa así como defensores de los imputados quienes como parte en los juicios debieron actualizarse con la técnica de la oralidad, pero la realidad es que no es así, la mayoría de los ministerios públicos siguen leyendo los gruesos expedientes y los defensores exigen la máxima exhaustividad de las pruebas mediante alegatos sin sentido para el fondo del asunto, de si fueron diez o doce bolsitas con droga, como si eso fuera a beneficiar a la situación jurídica del inculpado. Ni una ni otra parte ha hecho lo propio para que el sistema avance, pero quienes se llevan las críticas públicas y mediáticas son los jueces, que siempre terminan pagando los platos rotos.
DE ESTA realidad no se ha querido enterar el nuevo presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el estado, Heyden Cebada Rivas, de quien los jueces siguen esperando se reúna con ellos y los conozca porque —se quejan— ni siquiera se le ve en las instalaciones oficiales y ha dejado la justicia en manos de un pequeño, pero tóxico grupo de magistrados quienes se encargan de ordenar a los juzgadores, violentando su autonomía, cuál será el sentido de sus fallos en aquellos casos donde existe interés personal del ‘magistrado presidente’. El responsable de darles las instrucciones es Octavio Ascencio Fernández, quien curiosamente renunció a su puesto de juez para degradarse al cargo emergente carente de fundamento en el organigrama del Poder Judicial, como ‘coordinador de tribunales civiles’.
PERO resulta que quien se vende como el portavoz del presidente con los jueces es esposo de la magistrada Adriana Cárdenas Aguilar, integrante del grupo tóxico de magistrados junto con sus compañeros Mariana Dávila Goerner y Carlos Lima Carvajal, quienes le han vendido al presidente conocer todos los sótanos del Poder Judicial, aunque lo que sí desarrollan con maestría es la venta de justicia al mejor postor. Ante tal situación, por supuesto que incomoda la ausencia del presidente magistrado en la tarea jurisdiccional y hay más de un inconforme que en el imaginario proyectan un día sin jueces en el estado nada más para ver el caos que eso generaría. El nuevo sistema no les ha venido a facilitar, sino a complicar más la operación.
TAMPOCO les mejoró los ingresos. Actualmente un juez gana mensualmente 40 mil pesos en promedio, pero para ahorrarse la nómina desde pasadas administraciones varios juzgados están a cargo de secretarios en funciones de juez, percibiendo un salario de 25 mil pesos. El enojo de muchos de ellos es que antes de concluir la pasada administración, los magistrados decidieron aumentarse el salario a casi 200 mil pesos, mientras que a los de abajo, quienes llevan la carga y responsabilidad, se les mantuvo igual. En sus prospectivas de operación, el sistema adversarial acusatorio contempla en promedio cuatro audiencias para que el juez pueda estudiar bien aquellos casos de mayor complejidad, pero en Quintana Roo los jueces penales orales deben resolver ocho al día.
NI SIQUIERA confían ser escuchados por la responsable directa de la relación entre jueces y los magistrados del TSJ, Verónica Acacio Trujillo, magistrada del Consejo de la Judicatura estatal, porque saben que de ella no depende que los tomen en cuenta, sino del presidente magistrado Heyden Cebada, a quien como propósito de año nuevo le vendría bien meterse en la toga, ponerse el birrete, para salir a escuchar a los responsables de administrar, bien o mal, la justicia en Quintana Roo.
