- La crisis de inseguridad que enfrenta Perú ha encendido las alarmas, la criminalidad se ha convertido en un problema que afecta a la población.
STAFF / AGENCIA REFORMA
LIMA, PERÚ.- La crisis de inseguridad que enfrenta Perú ha encendido las alarmas. La criminalidad se ha convertido en un problema que afecta a la población de manera directa, con cientos de personas asesinadas en lo que va del año.
Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones peruano (Sinadef), hasta el martes se habían registrado 475 homicidios en el país andino durante 2025, una cifra que supera los datos observados en periodos previos.
El viernes, cientos de personas, encabezadas por músicos y artistas, marcharon en varias ciudades para exigir al Gobierno reforzar el combate al crimen organizado tras el aumento desenfrenado de las extorsiones y asesinatos.
Las manifestaciones fueron pacíficas y tuvieron su foco principal en Lima, donde colectivos convocaron a la población a expresar su indignación tras el asesinato la semana pasada de Paul Flores, un popular cantante de cumbia, a manos de sicarios.
El Gobierno de la Presidenta Dina Boluarte respondió a ese hecho decretando el estado de emergencia en Lima y Callao desde el martes. Sin embargo, en las primeras 24 horas de su aplicación, 15 personas fueron ultimadas en diferentes regiones de Perú.
INDIGNACIÓN
La Policía Nacional del Perú asevera que la gran mayoría de los asesinatos en la nación sudamericana están vinculados a la extorsión y las redes de sicariato.
Comerciantes, transportistas y empresarios son los principales blancos de las organizaciones criminales, que operan con total impunidad, según varios testimonios.
“Estoy marchando para reclamar Justicia, ya no más muertes. A mi hijo me lo mataron hace 8 meses por un celular. ¿Acaso la vida no vale nada?”, cuestionó Celinda Armas, una mujer de 60 años citada por AFP que acudió a manifestarse el viernes en Lima.
La marcha se desarrolló pocas horas después de que el Congreso peruano destituyó al Ministro del Interior Juan José Santiváñez, hombre de confianza de Boluarte y censurado por su falta de logros en el combate a la violencia en sus 10 meses de gestión.
Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años tras la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas y la presencia de bandas como el Tren de Aragua, de origen venezolano.
El 13 de marzo, el grupo criminal fue declarado como organización terrorista por el Congreso peruano, tras ser vinculado a una serie de secuestros, extorsiones y otros delitos.
La extorsión y el sicariato son dos de los ilícitos que más crecieron en 2024, según cifras oficiales. Además, la Policía peruana ha capturado en los últimos años a más de una decena de integrantes del Tren de Aragua, incluido Héctor Prieto, líder de la “dinastía Alayón”, un brazo local de la banda.
En su discurso del viernes, la Presidenta aseguró que la emergencia ha permitido la captura de 945 personas, entre ellos 78 extranjeros, en operaciones contra la ola de violencia, en una defensa de la medida criticada por organizaciones civiles y sus opositores.
“He dispuesto que se incremente estos operativos porque mi Gobierno de ninguna forma le vamos a dar respiro a estos criminales”, afirmó Boluarte.
CRIMEN Y EXTORSIONES
En los últimos años, la violencia ha aumentado de forma incontrolable. Perú vivió un año particularmente sangriento en 2024, con un aumento del 35 por ciento respecto a los homicidios de 2023.
Más de 2 mil asesinatos ocurrieron, con los transportistas como uno de los sectores más amenazados. Durante octubre, el gremio llevó a cabo tres huelgas en menos de un mes para exigir medidas efectivas que frenaran el aumento de la criminalidad, sobre todo de las extorsiones.
Un mes antes, tres choferes fueron asesinados en diferentes eventos relacionados con ese fenómeno, y un autobús recibió más de 20 disparos en Lima.
Ante la primera paralización masiva de transporte, Boluarte declaró un estado emergencia por 60 días en 14 de los 50 distritos de los suburbios de la capital.
La Mandataria señaló entonces a los migrantes venezolanos como responsables del aumento de la delincuencia y dijo que supervisarían las remesas enviadas a Venezuela para tratar de rastrear a los responsables.
Por su parte, los gremios empresariales consideran que el Estado está “perdiendo la batalla” contra el crimen organizado, incluso tras la decisión del Gobierno de convocar a los militares para ayudar a la Policía a velar por la seguridad pública.
Sin embargo, las extorsiones no son un problema reciente. Empezaron a reportarse hace más de dos décadas en la región norteña de La Libertad contra pequeños empresarios, incluido el transporte público, cuyas unidades fueron incendiadas en varias ocasiones.
El fenómeno llegó a las zonas periféricas de Lima en los últimos años y, el año pasado, las pequeñas tiendas de abarrotes denunciaron que más de 13 mil establecimientos fueron víctimas de extorsiones en 2023 y que, debido a eso, más de 2 mil 600 habían cerrado.
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