- La senadora Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde, ha puesto sobre la mesa una iniciativa para incorporar la electromovilidad a la Ley General de Cambio Climático.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Imaginar un México libre de humo vehicular es, por ahora, una utopía costosa, aunque necesaria. La senadora Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde, ha puesto sobre la mesa una iniciativa para incorporar la electromovilidad a la Ley General de Cambio Climático, una propuesta que va más allá de lo simbólico: pretende cambiar la matriz energética del transporte en un país donde casi 51 millones de vehículos, en su mayoría de combustión, rugen todos los días y escupen gases de efecto invernadero sin tregua.
Según datos del INEGI, siete de cada diez vehículos en México son automóviles, y si bien representan movilidad, también son una amenaza andante para el aire que respiramos. La iniciativa del Partido Verde busca algo ambicioso: facultar a estados y municipios para que diseñen estrategias locales de mitigación de emisiones; dar atribuciones al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para que coordine investigaciones sobre electromovilidad, y que los tres niveles de gobierno trabajen en conjunto para facilitar el uso de vehículos eléctricos y la infraestructura necesaria para ello.
La propuesta tiene lógica: el transporte representa el segundo sector con mayores emisiones de GEI en el país, y solo el 16.2% de esas emisiones provienen del uso individual de autos. Pero lo que parece una medida ambiental, es en realidad un desafío financiero colosal. Migrar siquiera el 10% del parque vehicular a vehículos eléctricos implicaría una inversión de más de 150 mil millones de dólares.
Sí, esa cifra no está mal escrita. Reemplazar 5 millones de vehículos costaría unos 125 mil millones de dólares, instalar 500 mil estaciones de carga sumaría 750 millones más, y si se quieren ofrecer subsidios para incentivar la transición, el gasto subiría otros 25 mil millones. El costo de la utopía, en números fríos.
Por supuesto, la electromovilidad no se trata solo de vehículos privados. La iniciativa de Castrejón también aboga por aprovechar y ampliar los sistemas de transporte masivo eléctrico ya existentes, como el Metro, el Trolebús o el Tren Ligero. Pero aún en las grandes urbes, estos servicios no son suficientes para absorber la demanda de millones que usan autos porque el transporte público es deficiente o inexistente.
Además, hay que mirar la realidad: del total de vehículos eléctricos en circulación, la cifra apenas representa una mínima fracción. Desde 2016, su venta ha crecido, sí, pero sigue siendo testimonial frente al tsunami de autos a gasolina. La electromovilidad no es un lujo ecológico, es una necesidad de supervivencia en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, donde el aire es más denso que el esmog.
Esta transición necesita voluntad política, inversiones inéditas y una hoja de ruta realista que no se quede en el discurso ni en las buenas intenciones. México contribuye con el 1.35% de las emisiones globales de GEI. Puede parecer poco, pero no es excusa para la pasividad.
Si se quiere que el país sea un referente en movilidad sustentable, no basta con decir que queremos respirar mejor: hay que pagarlo. La iniciativa verde marca un camino, pero el reto es enorme. No solo se trata de cambiar de motor, sino de cambiar de mentalidad. Y eso, muchas veces, cuesta más que los 150 mil millones de dólares.
