- Olivier de Frouville, presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Desde Ginebra, la voz del francés Olivier de Frouville —presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada— resonó como un eco incómodo en los pasillos del poder mexicano. Con palabras frías pero contundentes, anunció que el organismo abrirá un procedimiento de investigación contra el Estado mexicano, luego de recibir indicios que, a su juicio, apuntan a la práctica sistemática o generalizada de desapariciones forzadas en el país.
El Gobierno de México reaccionó con la misma velocidad con la que se encienden los focos rojos diplomáticos. En un comunicado oficial, el Estado rechazó tajantemente los señalamientos. “El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, sentenció el pronunciamiento, buscando deslindar cualquier nexo entre la violencia estructural y una política institucional.
La postura oficial no se limitó a la defensa. México informó que notificó por nota diplomática tanto a la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como al Comité de la ONU. Además, reiteró su compromiso con los derechos humanos, la transparencia y la lucha contra la violencia, asegurando que responderá a cualquier solicitud de información con datos concretos y documentados.
Sin embargo, el ambiente no es de calma. El procedimiento anunciado por el Comité —amparado en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas— no significa aún una condena, pero sí una alerta de alto nivel. La eventualidad de que el caso llegue hasta la Asamblea General de la ONU coloca a México en una posición diplomática y política delicada.
En el fondo, lo que está en juego no es solo una respuesta técnica ante un órgano multilateral, sino la imagen internacional de un país que arrastra décadas de dolor por los miles de desaparecidos. Un país donde colectivos de madres rastreadoras, activistas y familiares han suplido con palas y lágrimas la ausencia institucional.
El Comité de la ONU asegura que no prejuzga la culpabilidad del Estado mexicano. Pero el lenguaje empleado en Ginebra no deja margen para la ambigüedad. Hablan de “informaciones fundamentadas”, de “desapariciones generalizadas o sistemáticas”. No es una sospecha ligera. Es un dedo internacional apuntando al corazón de una herida abierta.
El Gobierno de México, por su parte, intenta proyectar que no tiene nada que ocultar. Promete cooperación, transparencia y voluntad política. Asegura que desde 2014 ha sostenido un intercambio constante con el Comité, y que dará respuesta puntual a esta nueva etapa.
Pero más allá del plano institucional, el país enfrenta un dilema más profundo: la brecha entre lo que se comunica y lo que se vive. Porque mientras los funcionarios redactan comunicados, hay miles de carpetas abiertas sin justicia, cientos de madres que pegan retratos en postes y una sociedad que no olvida.
