- Venancia Coh Chuc, delegada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Quintana Roo.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, QUINTANA ROO.- Dignatarios mayas del centro ceremonial de la Cruz Parlante, junto con un grupo de artesanas provenientes de diversas comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto, exigieron la destitución de Venancia Coh Chuc.
Se manifestaron frente a las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para exigir la destitución de la delegada en Quintana Roo, a quien acusan de presuntos actos de corrupción y trato discriminatorio hacia la etnia maya.
Los representantes del Gran Consejo Maya, Simón Caamal Coh y Gabino Cruz Yah, señalaron que sus proyectos han sido sistemáticamente ignorados por la actual administración del INPI en el estado.
Denunciaron que los apoyos federales destinados a los pueblos originarios sólo benefician a grupos afines a la delegada, mientras que a las autoridades legítimas y representantes comunitarios se les niega toda posibilidad de participación.
De acuerdo con los denunciantes, en la delegación del INPI en Quintana Roo se aprueban recursos económicos que en algunos casos alcanzan el millón de pesos.
Se asignan a proyectos que, aseguran, se ejecutan de manera irregular o simplemente no se concretan.
Estos fondos, afirman, son repartidos entre líderes de los proyectos, algunos mandos de iglesias mayas supuestamente beneficiadas y funcionarios cercanos a Coh Chuc.
Como ejemplo, mencionaron un caso ocurrido en el propio centro ceremonial de la Cruz Parlante, donde se autorizó un millón de pesos para la construcción de un domo o palapa, así como otros 940 mil pesos para baños.
De acuerdo con su testimonio, el manejo de estos recursos quedó en manos de Max Balam, funcionario del INPI, y Cornelio Puc Jiménez, General Maya, quienes conformaron un comité de vigilancia de cinco personas.
Aseguran que la obra fue realizada con materiales de baja calidad y a bajo costo, permitiendo un desvío del presupuesto con conocimiento y complicidad de la delegada.
Denunciaron que tanto Coh Chuc como Balam han impedido el reconocimiento oficial del Consejo Maya al rechazar su inclusión en el Catálogo de Comunidades Indígenas de Quintana Roo.
Esta exclusión, advierten, los deja prácticamente sin acceso a los recursos federales destinados a pueblos originarios en el ejercicio fiscal de 2025.
Señalaron a Guillermo May, funcionario del INPI en la Ciudad de México y originario de Valladolid, Yucatán, de mantener una actitud hostil y negarse a recibir sus propuestas de proyecto, incluso cuando ya habían sido rechazadas en la delegación estatal.
Ante lo que consideran una política sistemática de exclusión y corrupción en el INPI, los representantes del Gran Consejo Maya solicitaron públicamente la intervención de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
Anunciaron que buscarán llevar su demanda hasta la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de que escuche directamente sus denuncias y atienda su llamado.
