- Un tribunal federal echó abajo la primera sentencia condenatoria dictada en un juicio sobre el caso de la Estafa Maestra.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal echó abajo,en forma definitiva, la primera sentencia condenatoria dictada en un juicio sobre el caso de la Estafa Maestra, por un pago de 7.8 millones de pesos.
Se trata de la condena de 6 meses de prisión y el pago de una multa de 2 mil 103 pesos, impuesta en 2023 a Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En primera instancia, un juez federal halló culpable a la ex funcionaria por haber pagado, en forma ilegal, 7 millones 850 mil 140 pesos a la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), pero el castigo fue revocado en la segunda instancia judicial.
Ahora el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ha puesto el punto final en el asunto, al negar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el amparo con el que pretendía que la acusada nuevamente fuera declarada culpable y condenada.
Por unanimidad, los magistrados del colegiado convalidaron la absolución de segunda instancia en favor de Montoya Santos, porque estimaron que el juez responsable del juicio modificó los hechos para sentenciarla a seis meses de cárcel.
El tribunal llegó a esta conclusión porque la FGR acusó a la ex funcionaria de pagar ilegalmente una factura y el juez la condenó por el hecho de otorgar una autorización de contenido económico.
“El ‘pagar’ y el ‘otorgar autorización para pagar’ implica la actualización de hechos diferentes.
“Tan es así, que cada una de esas hipótesis tiene prevista su propia descripción legal, pero al estimar el juez que los atribuidos a la justiciable cuadran en la segunda de ellas, modificó la base fáctica establecida en la acusación, lo que atenta contra los principios de división de funciones o acusatorio, con el de imparcialidad y de defensa”, sentenció.
Montoya Santos fue acusada en este juicio de pagar ilegalmente la factura 3624, serie A, del 5 de junio de 2015, por un monto de 7 millones 850 mil 140 pesos, los cuales eran parte de un convenio en el que la Sedesol pagó un total de 60 millones 952 mil 400 pesos a la Unach.
El contrato había sido suscrito para que la Universidad constituyera comités comunitarios que iban a instrumentar proyectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
La FGR acusó de ilegal este pago porque en principio el servicio no fue prestado, no hubo una solicitud del área usuaria o requirente y el oficio de proveedores fue elaborado el 21 de septiembre de 2015, es decir, 100 días después del depósito.
Este es el segundo proceso que libra Montoya Santos en el caso de la Estafa Maestra y sólo tiene pendiente uno.
Además del caso de la Unach, también libró el proceso por los pagos de 400 millones de pesos que en 2015 hizo la Sedesol a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).
Esto, para la supervisión, monitoreo y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En ese asunto, la UPCH subcontrató a Productos Serel, una empresa de Grupo Cosmos de Jack Landsmanas Stern, en un porcentaje mayor a 49 por ciento que marca la Ley de Adquisiciones.
El caso que aún está en trámite contra Montoya Santos es el de una contratación presuntamente ilegal de la Sedatu a la Universidad Politécnica de Quintana Roo por 20 millones de pesos.
