- El Congreso Internacional de Derecho Constitucional reveló un cambio de ánimo entre los expertos: ya no se trata solo de cómo se eligen los jueces, sino de cómo se implementará la reforma para mejorar verdaderamente la justicia en México.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En el décimo aniversario del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CEC-SCJN), la celebración se convirtió en un punto de inflexión.
Durante dos intensas jornadas de reflexión, académicos, jueces y expertos internacionales reunidos en el X Congreso Internacional de Derecho Constitucional coincidieron en algo que hasta hace unos meses parecía improbable: la reforma judicial ya no es solo un escenario en disputa, sino una realidad que exige ser implementada con responsabilidad y visión institucional.
El tono que predominó no fue de resistencia frontal, sino de resignación estratégica. Varios panelistas aceptaron que el tiempo del debate sobre si debe o no elegirse a jueces por voto popular ha dado paso a una discusión más urgente: cómo evitar que esa elección afecte la independencia judicial y cómo construir un sistema que funcione para las personas, no para los intereses políticos.
Desde la conferencia inaugural, la directora del CEC, Alejandra Martínez Verástegui, marcó la pauta: “Pensar en derecho es pensar también en la democracia, los derechos, la justicia, y, sobre todo, el futuro”. La frase resonó como un llamado a dejar atrás el enfoque binario del “sí o no” a la elección popular y comenzar a hablar sobre reglas, mecanismos de control, precedentes y gobernanza judicial.
Lisa Hilbink, politóloga de la Universidad de Minnesota, recordó que las elecciones judiciales no son una garantía automática de legitimidad ni de justicia. “No basta con cambiar el método de selección si no cambiamos las estructuras que sostienen la desigualdad en el sistema”, advirtió.
La conferencia de Matthew Ingram, profesor de la Universidad de Albany, añadió una nota de preocupación: alertó sobre el riesgo de politización del Poder Judicial, aunque reconoció que el sistema requería una reforma profunda. En esta línea, varios participantes señalaron que la reforma, como está planteada, corre el riesgo de colocar a la política por encima del Derecho.
Los paneles sobre gobernanza, disciplina y legitimidad judicial ofrecieron diagnósticos precisos y propuestas concretas. Se discutieron modelos de control disciplinario, la debilidad del precedente judicial en México y la importancia de que la legitimidad de los jueces se construya en la práctica diaria, no solo en la urna.
En el cierre del Congreso, Martínez Verástegui fue tajante: “La reforma ya está aquí. Nos corresponde encontrar rutas institucionales para que verdaderamente ofrezca a las personas un mejor sistema de justicia”. En esa frase se sintetizó el nuevo consenso: no se trata ya de detener la reforma, sino de hacer que funcione con los principios del Estado de Derecho.
Con las sillas vacías del auditorio y las luces apagándose, quedó en el aire una sensación de transición. El Poder Judicial y quienes lo piensan desde la academia parecen haber comprendido que, en la nueva realidad, la resistencia estéril es un lujo que no pueden permitirse. Lo que sigue es una batalla técnica, institucional y política por garantizar que la justicia, incluso con nuevos métodos de selección, no pierda su esencia: ser imparcial, accesible y confiable.
