Sergio León Cervantes
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) nació como una herramienta fiscal con sentido social. Es un impuesto indirecto que se aplica a productos y servicios específicos —como gasolinas, diésel, alcohol, cerveza, tabaco, refrescos, alimentos con alto contenido calórico y juegos con apuestas—, cuyo consumo genera algún tipo de daño colectivo. Su esencia era clara: quien causa un perjuicio al medio ambiente o a la salud pública, debe contribuir a repararlo.
En su diseño original, el IEPS cumple una doble función. Por un lado, recauda recursos para el Estado; por el otro, corrige externalidades negativas, es decir, busca compensar los costos sociales o ambientales derivados del consumo de ciertos bienes. En teoría, el dinero que se recauda debería destinarse a los sectores afectados por esos daños.
Así, el IEPS que se cobra sobre combustibles debería servir para financiar transporte público limpio, infraestructura vial y mitigación ambiental. El impuesto a bebidas alcohólicas y cervezas, para apoyar la prevención y tratamiento de adicciones, o fortalecer hospitales que atienden sus consecuencias. El del tabaco, para cubrir los costos del cáncer y las enfermedades respiratorias. El de bebidas azucaradas y alimentos procesados, para combatir la obesidad y la diabetes. Y el de juegos y sorteos, para atender los efectos de la ludopatía y regular ese mercado. Cada peso recaudado debía tener un destino moral: reparar el daño.
Pero la realidad económica muestra otra historia. En 2024, el IEPS generó más de 628 mil millones de pesos, representando casi el 15% de los ingresos tributarios totales del país. Para 2026, el Gobierno federal prevé incrementos significativos: las bebidas azucaradas pasarán de 1.64 a 3.08 pesos por litro, los cigarrillos aumentarán su cuota por unidad, y las tasas sobre juegos y apuestas podrían subir del 30% al 50%. Sin embargo, esos aumentos no llegan acompañados de una ruta de destino transparente. Los recursos terminan integrados al gasto general de la Federación, sin etiqueta ni trazabilidad hacia salud, medio ambiente o programas de prevención.
Ahí se encuentra la contradicción: aumentar un impuesto que nació para reparar, pero usarlo sólo para recaudar. Si el IEPS al refresco sube por motivos de salud, ¿dónde están los nuevos programas de nutrición o las clínicas especializadas? Si se incrementa el IEPS al tabaco por sus efectos cancerígenos, ¿dónde está el fortalecimiento del sistema oncológico? Cuando los resultados no se ven, el impuesto pierde legitimidad y su propósito se vacía.
El IEPS fue concebido como un pacto de responsabilidad entre Estado y sociedad: pagar un poco más para reparar un daño colectivo. Hoy parece haber olvidado ese compromiso. México recauda más, pero repara menos. La función correctiva se ha convertido en un simple instrumento de ingreso. En vez de curar lo que duele, sólo engrosa el presupuesto.
La discusión no es si debe existir el IEPS, sino para qué debe servir. Si realmente queremos un país que avance hacia la salud, la sostenibilidad y la justicia fiscal, este impuesto necesita volver a sus raíces: destinar cada peso a resolver los problemas que justifican su cobro. De lo contrario, seguirá siendo lo que hoy es: el impuesto que olvidó su propósito.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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