- El SAT aseguró que las modificaciones al marco legal en materia de combate a factureras para 2026 no significan prisión preventiva.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que las modificaciones al marco legal en materia de combate a factureras para 2026 no significan prisión preventiva oficiosa para cualquier contribuyente simplemente porque se sospeche que emitió una factura falsa.
Si se sospecha que algún contribuyente, ya sea persona física o moral, está emitiendo facturas falsas para evadir impuestos, la autoridad fiscal debe soportar su investigación y probar que, efectivamente, se trata de facturas falsas.
“Las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), que fueron aprobadas en el Congreso de la Unión y que entrarán en vigor el próximo año, reforzarán el combate a la evasión fiscal, otorgarán certidumbre a los contribuyentes y generarán condiciones de equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
“Es falso que se solicitará prisión preventiva oficiosa para cualquier contribuyente, simplemente porque se sospeche que emitió una factura falsa. La autoridad fiscal debe soportar su investigación y probar que se trata de facturas falsas”, indicó el SAT en un comunicado.
Recalcó que las modificaciones al marco legal están dirigidas a personas físicas o morales que emiten facturas falsas para evadir el pago de impuestos, y no se trata de un programa masivo que se aplique a los contribuyentes cumplidos, sino que tiene objetivos específicos y justificados en el combate a la evasión fiscal.
“Como en todos los procedimientos, se garantiza el debido proceso y el derecho de audiencia de las y los contribuyentes, por lo que no quedan en indefensión. Las modificaciones aprobadas no establecen nuevas facultades para congelar cuentas bancarias”, enfatizó.
El SAT aclaró que los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal, de acuerdo a su capacidad económica, mediante billete de depósito, prenda o hipoteca, carta de crédito, fianza, obligación solidaria o por medio de un embargo en la vía administrativa.
