Es Casa Frida LGBTI+ refugio y defensa de migrantes contra tortura policial

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  • Casa Frida Refugio LGBTI+ documentó actos establecidos en la Convención contra la Tortura como arrojar agua clorada en cuerpo y heridas abiertas.
PAUL ANTOINE MATOS

TAPACHULA, CHIS.- La corporación policial de Tapachula, Chiapas, es investigada por la Fiscalía General del Estado por presunta tortura y detención arbitraria contra un joven migrante.

Es de Guatemala y pertenece a la comunidad LGBTI+; fue detenido el 19 de enero de 2026, y durante más de 35 días ha estado en la Casa Refugio LGBT+ de esa ciudad fronteriza.

A través de esta investigación periodística respaldada con la beca Forus sobre Narrativas Positivas, se sabe que la víctima –cuya identidad fue reservada por Raúl Caporal, presidente fundador de Casa Frida Refugio LGBT+– acudió ese día a una entrevista de trabajo.

Esto como parte de su necesidad para desarrollarse en México y en el proceso por conseguir su estado de refugiado que, por los tiempos y la saturación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), aún espera obtenerlo.

“Ese día salió temprano en busca de trabajo, había pactado una entrevista (a la 11 de la mañana) en un lugar y después de esta decidió acercarse a la sede del consulado de Guatemala para realizar algunos trámites, es ahí en donde fue interceptado por elementos de la policía municipal del gobierno de Tapachula.

“Sin tener una razón clara, de hecho, nosotros consideramos que es una detención arbitraria e ilegal una privación ilegal de la libertad, fue sometido con violencia física bajo amenaza constante”, declaró Caporal.

La corporación municipal le imputó el delito de robo de celular, por cargar su propio teléfono; alrededor de tres horas, casi hasta las 15 horas del 19 de enero, su paradero fue desconocido y la víctima señaló tortura.

“Menciona que fue paseado por distintos puntos de la ciudad, incluso haber llegado a un terreno baldío en donde fue golpeado en repetidas ocasiones en estómago y costillas.

“Comenta que hubo tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre ellos el intento de asfixia con una bolsa de plástico que le fue colocada en la cabeza; además, presenta marcas visibles de lo que fue sobre fuerza aplicada con las esposas causándole laceraciones en la piel y hay una contusión fuerte en mandíbula”.

Así lo indicó el fundador del refugio con sedes en Ciudad de México y Monterrey, además de la ciudad chiapaneca.

Casa Frida Refugio LGBTI+ también documentó actos establecidos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura como serle arrojada agua clorada en cuerpo y heridas abiertas, y negación de alimentos.

Fue llevado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la colonia Las Vegas, durante 15 horas “sin ser puesto a disposición de autoridad competente, sin información sobre los motivos de su detención y sin acceso a defensa legal.

“Período durante el cual la víctima fue obligada a firmar documentos con un nombre ajeno a él, y cuyo contenido desconocía, siendo amenazada explícitamente con fabricarle otros delitos graves, así mismo con su expulsión o devolución a su país de origen”.

ACTIVAN PROTOCOLOS

Casa Frida activó los protocolos de búsqueda al notar su ausencia en el refugio, considerando que pudo haber sido detenido por el Instituto Nacional de Migración (INM) y acudieron a la a la Fiscalía de Migrantes para abrir una carpeta de investigación por desaparición.

“Durante el tiempo que acudimos a la Fiscalía de inmigrantes se encontraba detenido y al parecer no nos fue compartida oportunamente esa información”, dijo Raúl Caporal.

“Se sabe que incluso después de la visita a la Fiscalía, poco tiempo después, fue liberado y se asume porque los elementos comprendieron que había una organización humanitaria detrás de él asistiendo y acompañándole y que estábamos preocupados y alertando la probable desaparición”.

Raúl Caporal expresó que tienen conocimiento de comentarios desafortunados realizados en una mesa de seguridad interinstitucional el 28 de enero, como parte de la estrategia nacional por la seguridad.

El gobierno de Tapachula fue cuestionado por la denuncia pública hecha por Casa Frida y la exigencia de respuesta.

“Al parecer el propio gobierno, del área de asuntos internos del de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, declaró no encontrar evidencias en sus investigaciones que se relacionaran con los hechos”.

Para Raúl Caporal, tal respuesta es apresurada, atrevida y revictimizante porque “incluso se invalidan las declaraciones de las víctimas”, cuando tienen que esperar los resultados de la investigación por parte de la Fiscalía, que es la autoridad competente.

Mientras tanto, la víctima se encuentra resguardada en el refugio donde recibe la atención de salud mental psicosocial, y se le da seguimiento a todas las diligencias.

Ha mantenido comunicación con la Fiscalía para continuar abonando información, y recibe atención médica y hospitalaria también para el tema de su salud.

Pero, tras la presunta agresión, perdió el interés por el trabajo al que acudió a la entrevista.

“Dentro de los comentarios que se dieron por parte de autoridades del gobierno municipal (en la mesa de seguridad) incluso se expresó que la persona solo había ido a trabajar cinco días y quien fuera su patrón hizo comentarios relacionados a su estabilidad laboral y su compromiso, lo cual son comentarios totalmente fuera de lugar e irreales”, reveló Raúl Caporal.

Las personas migrantes como la víctima escapan de sus lugares de origen porque en muchas ocasiones son perseguidas por su identidad sexual o por pertenecer a la comunidad LGBTI+.

Llegan a México para solicitar refugio, con la esperanza de encontrar un espacio más amable e incluyente.

Raúl Caporal publicó en 2022 un artículo en The Washington Post donde afirmó que las personas refugiadas en Casa Frida “huyeron por violencia relacionada con la persecución por orientación sexual, identidad y expresión de género, y la no accesibilidad a órganos de justicia”.

El gobierno mexicano estima que 98 por ciento de las personas LGBTIQ+ en contextos de movilidad han padecido discriminación, agresiones y  tipos de violencia.

Seis de cada diez reportan haber encontrado su primer punto de apoyo en organizaciones de la sociedad civil.

“Es una travesía complicada a la cual se enfrentan las personas en situación de movilidad humana, sean migrantes, sean solicitantes de refugio.

“Hay parte de la población que más pertenece a otros grupos en vulnerabilidad, como lo son las personas LGBTI y que hay que tener particular cuidado en las formas de protección a esta comunidad, pues hay otro tipo de violencias basadas en fobias que pueden resultar también parte de estos hechos violentos”.

Casa Frida operaciones en 2022, en Tapachula, para dar atención a toda la comunidad LGBTI+, que ya viene huyendo de diversas formas de violencia, violencia extrema, sobrevivientes a crímenes de odio y criminalización de la orientación sexual.

De la identidad y/o expresión de género y que precisamente buscan territorios un poco más seguros y en este caso pues acceder al derecho a la protección internacional por parte del Estado, explicó Raúl Caporal.

“Hemos visto que, si bien los flujos migratorios tienen dinámicas en constante cambio en las tendencias, lo cierto es que Casa Frida ha documentado que en la comunidad LGBTI no ha habido una disminución considerable de personas que están buscando protección en México.

“En frontera sur hay muchos desafíos, sobre todo relacionados en materia de seguridad, de confiabilidad a las instituciones de burocracias que retrasan los procesos de solicitud de refugio.

“Provoca que haya una mayor exposición a otro tipo de violencias o delitos, como puede ser la trata y explotación de personas o bien el tema de ser sujetos de tráfico ilegal de personas migrantes, entre otros riesgos y vulnerabilidades presentes como el acceso a una vivienda digna, fuentes de trabajo, ingresos económicos”, explicó.

Frente a ese panorama, resaltó la importancia de las organizaciones para procurar los servicios humanitarios y las garantías mínimas de sobrevivencia de las personas mientras regularizan su situación migratoria y se integran al entorno local.

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