Afecta acoso sexual a mujeres policías en Jalisco

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  • Mujeres policías han presentado 544 quejas por acoso, abuso o violación sexual dentro de las Comisarías de Tlajomulco, Zapopan, Tonalá, Guadalajara y en la Secretaría de Seguridad del estado de Jalisco.
STAFF / AR

GUADALAJARA, JAL.- Las mujeres no trabajan en las mismas condiciones que los hombres en las corporaciones policiales, pues se enfrentan al acoso sexual de sus compañeros o de sus superiores sin que existan sanciones reales contra los agresores.

“La falta de acción ante las denuncias crea un ambiente hostil que impide a las mujeres sentirse seguras y valoradas en su lugar de trabajo, lo que a su vez limita sus oportunidades de crecimiento y desarrollo personal”, lamentó Gabriela, una oficial que fue acosada por su superior jerárquico.

De 2023 a la fecha, mujeres policías han presentado 544 quejas por acoso, abuso o violación sexual dentro de las Comisarías de Tlajomulco, Zapopan, Tonalá, Guadalajara y en la Secretaría de Seguridad del Estado (SSP).

De acuerdo con solicitudes de información, Zapopan es el municipio que más quejas acumuló en su dirección de Investigación y Supervisión Interna. En 2023 fueron 196; en 2024, 204; en 2025, 110, y en 2026 lleva cuatro.

La dependencia de la exVilla Maicera informó que no tiene separados los motivos o el sexo de la persona que presentó la queja.

En Guadalajara suman 14 quejas de mujeres desde el año 2023. El año pasado se recibió una en contra de un superior jerárquico de la víctima; en 2024 fueron ocho quejas, en seis de ellas fueron señalados mandos; en 2023 sumaron cinco quejas y dos de los presuntos agresores eran jefes de las afectadas.

En la Policía Estatal, por su parte, hubo nueve quejas: una en 2026, cinco en 2025, dos en 2024 y una en 2023.

Tlajomulco tuvo cuatro y Tonalá tres. Tlaquepaque dijo no tener quejas de policías que hayan sufrido acoso o abuso sexual dentro de la corporación.

A pesar de que existen protocolos municipales y uno realizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para prevenir el acoso entre trabajadores, las sanciones son pocas, e incluso, en algunas ocasiones, la víctima es sancionada, obligada a renunciar o bloqueada en sus oportunidades de trabajo.

Sólo Tlajomulco, Tonalá y la SSP informaron sobre las sanciones que recibieron los oficiales denunciados.

En el primer caso, el Municipio reportó que en la queja de 2023 se determinó que no existía responsabilidad; en 2024, la afectada desistió y se archivó el asunto, mientras que en 2025 no se encontraron pruebas.

“En todos los casos se inició una investigación al respecto. No tuvieron resoluciones ni sanciones”, contestó por su parte Tonalá.

Mientras que la SSP informó que existe una sanción contra un policía agresor sexual que fue suspendido por 15 días naturales de sus funciones.

En 2023, MURAL publicó el caso de Gabriela, una oficial de Guadalajara que denunció al entonces director de la Academia, César “N”. A pesar de existir una denuncia penal, esto no fue investigado.

Incluso, el entonces presidente municipal, Pablo Lemus, consideró que no se trató de una agresión, sino que mantuvieron una relación a pesar de que César era el superior jerárquico de Gabriela.

Ella acusó que desde entonces la intentaron sobornar para que desistiera; además, no ha obtenido grados como represalia. El mando continúa activo.

Otro caso fue el de Silvia Navarro, quien en 2006 denunció acoso de César Julián García cuando ambos eran policías de El Salto. A raíz de eso, ella fue despedida.

Rubén Ortega Montes, académico de la Universidad de Guadalajara y líder de la asociación civil Unidos por la Seguridad, lamentó que muchas mujeres no presentan denuncias por temor a represalias laborales.

“Principalmente (se da) en los mandos porque cuando hay una jerarquía o un nivel superior no les gusta que les cuestionen”, lamentó.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ha documentado también abusos sexuales en contra de custodias del sistema penitenciario, como la recomendación 29/2014 emitida en contra de José de Jesús Flores.

“La actividad irregular no solo es responsabilidad del servidor público ejecutor, sino de la entidad para la que labora”, expuso el organismo.

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