- La FGR abrió dos líneas de investigación distintas para la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos líneas de investigación distintas que derivaron en solicitudes de comparecencia para la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Aunque los casos tienen naturalezas diferentes, ambos han generado reacciones políticas, legislativas y mediáticas elevando la confrontación entre Morena y la oposición.
En el caso de Chihuahua, la investigación federal está relacionada con un operativo realizado en abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos.
La FGR busca determinar si existió participación irregular de personal extranjero en territorio nacional y si hubo violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a disposiciones constitucionales sobre cooperación internacional en materia de seguridad.
La dependencia federal citó a comparecer a la gobernadora Maru Campos y al exfiscal estatal César Jáuregui en calidad de testigos, además de requerir declaraciones de decenas de funcionarios estatales vinculados con el operativo.
De acuerdo con información difundida por autoridades federales, el operativo estaba dirigido contra un presunto narcolaboratorio ubicado en la Sierra del Pinal.
Maru Campos rechazó haber autorizado la participación de agentes estadounidenses y sostuvo que desconocía la presencia de personal extranjero durante el despliegue.
La mandataria estatal informó que acudiría a comparecer ante la FGR y afirmó que su administración ha mantenido coordinación institucional con autoridades federales y estadounidenses en materia de combate al crimen organizado.
El caso provocó reacciones inmediatas en el ámbito político. Legisladores de Morena señalaron que la presunta presencia de agentes extranjeros podría constituir una violación a la soberanía nacional y promovieron solicitudes de comparecencia en el Senado, además de propuestas de juicio político contra la gobernadora chihuahuense.
En respuesta, dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional defendieron a Campos Galván y acusaron a Morena de utilizar el caso con fines políticos.
Mientras tanto, en Sinaloa, la comparecencia solicitada a Rubén Rocha Moya está vinculada con acusaciones presentadas en Estados Unidos por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, el Departamento de Justicia de ese país investiga un presunto apoyo electoral del crimen organizado a la campaña de Rocha Moya en 2021, así como posibles acuerdos de protección política.
Las autoridades estadounidenses solicitaron información y medidas de cooperación judicial a México, incluyendo una petición de detención provisional con fines de extradición.
Ante este escenario, la FGR inició una investigación y citó a declarar a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses. La dependencia señaló públicamente que hasta el momento no cuenta con pruebas concluyentes para proceder penalmente contra el mandatario con licencia, aunque mantiene abiertas las indagatorias y solicitó información adicional a las autoridades estadounidenses.
Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo para atender el proceso y afirmó que colaborará con las investigaciones. El gobernador con licencia negó los señalamientos y sostuvo que acudirá ante las autoridades para responder a las acusaciones.
El caso también generó reacciones dentro de Morena. En un primer momento, dirigentes y legisladores del partido respaldaron a Rocha Moya y calificaron su licencia como un acto de responsabilidad política. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones y crecieron las presiones mediáticas y diplomáticas, algunas figuras del oficialismo optaron por señalar que el tema debe resolverse exclusivamente en el ámbito judicial.
Las comparecencias de Maru Campos y Rocha Moya se desarrollan en un contexto de creciente polarización política y de debate sobre seguridad pública, soberanía nacional y cooperación internacional contra el narcotráfico.
