- Una especialista de la UNAM señaló que las cámaras de videovigilancia públicas no garantizan por sí mismas la reducción o disuasión del delito.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Las cámaras de videovigilancia públicas no implican necesariamente disuasión o disminución de delitos pese a que gobiernos y ciudadanos le atribuyen esos efectos, indicó la especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Carmina Jasso.
Señaló que existen diversas variables para señalar de manera expresa que las grabaciones ayudan a prevenir y a resolver investigaciones.
En su publicación La ciudad videovigilada: entre la prevención del crimen y el control social expuso que ese es uno de los desafíos en la política pública.
“Uno de los principales retos está relacionado con la efectividad de las cámaras, que implica que éstas funcionen en concordancia con el poder simbólico que les atribuye la sociedad, es decir, para prevenir o disuadir el crimen, o en su caso sirvan para la investigación de los delitos que son registrados por las cámaras”, plantea en su libro.
Indicó que es frecuente que en el Presupuesto Participativo, vecinos destinen el gasto en cámaras de videovigilancia porque consideran que éstas contribuyen con la seguridad pública y las autoridades suelen atribuir a la adquisición de esos dispositivos la reducción de incidencia delictiva, por ejemplo.
En dicha publicación, refiere que se ha demostrado que a través del seguimiento de hechos que transcurren en tiempo real en distintos puntos de la Ciudad es posible identificar a los presuntos delincuentes, sus modus operandi y medios para cometer el delito, pero no siempre ocurre porque las imágenes pueden ser difusas, por ejemplo.
De manera que los casos de éxito no deben ser aislados, sino frecuentes para ayudar a las víctimas a restituir el daño de la violencia e inseguridad, refiere en su libro.
Otro de los retos es la coordinación de las autoridades de la Ciudad y Estado de México, por ejemplo, para detener, a posibles delincuentes que intentan escapar.
Así como con las alcaldías o municipios, pues algunos tienen sus propios sistemas de videovigilancia.
Por otra parte, la transparencia es uno de los puntos claves a tratar pues si bien el C5 de la Ciudad informa sobre cuántas cámaras se tienen funcionando y cuántas están descompuestas, es necesario que se replique en gobiernos locales.
Otro reto es la regulación de las cámaras de videovigilancia privadas que son colocadas en los hogares, pero dirigidas en su mayoría hacia la vía pública con lo que se vulnera el derecho a la privacidad de vecinos.
“Las tecnologías pueden usarse para buenas causas y para cosas no tan buenas”, indicó.
“Al respecto, es importante señalar que en México se ha hecho muy poco para regular la instalación de cámaras por parte de privados, lo que implica que los datos que son captados pueden ser usados por particulares para los fines que a ellos convengan y no existe una protección de las imágenes de las personas que son grabadas”, indica en su libro.
Otro obstáculo para ese tipo de videovigilancia pública es la dependencia tecnológica, porque los sistemas regularmente son provistos por empresas.
