- Se busca reformar el artículo 79 de la Ley General de Salud para garantizar que solo especialistas certificados puedan realizar cirugías plásticas, estéticas o reconstructivas en México.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Someterse a una cirugía plástica en México puede ser una decisión entre la transformación estética… o la ruina física. Lo que para muchos representa una oportunidad de mejorar su imagen o reconstruir su vida tras un accidente, enfermedad o malformación, se ha convertido, en demasiados casos, en una ruleta rusa quirúrgica con bisturíes empuñados por manos no certificadas.
Con más de 1.6 millones de procedimientos al año, México ocupa el cuarto lugar mundial en número de cirugías plásticas estéticas, según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS). Un mercado floreciente, sin duda, pero también un ecosistema fértil para la estafa, la informalidad y la usurpación profesional, donde reina el intrusismo disfrazado de profesionalismo.
En medio de este caos, se alza una cifra alarmante: más de 20 mil cirujanos “patito” operan actualmente en el país, según estima la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Hombres y mujeres que, sin estudios especializados ni certificaciones oficiales, manipulan cuerpos y rostros con promesas engañosas y resultados desastrosos.
Tan solo entre 2020 y 2023, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reportó un aumento del 172% en las quejas por procedimientos mal realizados. La mayoría, en clínicas privadas, sin supervisión ni controles, y concentradas en su mayoría en la Ciudad de México. La COFEPRIS, por su parte, ha clausurado más de 160 clínicas en menos de tres años por irregularidades sanitarias y personal no certificado.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/09/BANNERS_LLUVIAS1_500X500.jpg")
La gravedad del problema ha tocado las puertas del Senado. Durante el foro “Cirugía plástica, impacto del intrusismo como problema emergente de salud pública”, legisladores, médicos y representantes del sector salud coincidieron en una urgencia ineludible: regular, vigilar y sancionar. Porque, como lo expresó el senador José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud, “reconstruir un rostro es, en el fondo, reconstruir una vida”.
La propuesta va más allá de un llamado ético. Se busca reformar el artículo 79 de la Ley General de Salud, para garantizar que solo especialistas certificados puedan realizar cirugías plásticas, estéticas o reconstructivas en México. La medida, aún en análisis legislativo, buscará también establecer que las clínicas y hospitales cuenten con licencias y equipamiento adecuados.
En su intervención, Cruz Castellanos advirtió sobre la necesidad de combatir la desinformación, eliminar la publicidad engañosa y frenar la proliferación de cursos falsos de “especialización” en cirugía estética, muchos de ellos ofrecidos en línea, sin ningún respaldo académico.
Y no es para menos. De acuerdo con cifras compartidas por el Comité de Turismo Médico, en estados como Baja California, hasta la mitad de los procedimientos podrían estar en manos de usurpadores, aprovechando la falta de regulación efectiva y la confianza, muchas veces ingenua, de los pacientes.
Para José Ignacio Santos Preciado, presidente del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), la solución parte de la raíz: formar, certificar y supervisar. “La capacitación continua, la infraestructura adecuada y la validación oficial deben ser los pilares para cualquier sede formadora”, puntualizó.
También se hizo un llamado claro desde la Secretaría de Educación Pública: vigilar el desempeño de quienes ejercen esta práctica y brindar a los ciudadanos herramientas para validar a los verdaderos especialistas.
Mientras tanto, el mercado sigue creciendo y con él, los riesgos. Porque en México, donde una cirugía estética puede conseguirse con la facilidad de un cupón promocional, la línea entre la transformación estética y la tragedia quirúrgica se vuelve cada vez más delgada.
La cirugía plástica no es un lujo. Es, muchas veces, una necesidad médica, psicológica y social. Pero su ejercicio debe estar regido por la ética, la ciencia y la regulación. Lo contrario no solo perpetúa el fraude: pone vidas en juego. Y ya es hora de poner bisturí al desorden.
