- El Gobierno del Estado propició que cerca de 270.3 millones de pesos en fondos para reforestas fueran directos a la opacidad.
STAFF / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Al otorgar a la asociación civil Reforestación Extrema la facultad para recibir directamente de empresas y particulares los recursos que deben aplicarse como donativos en el programa estatal de arborización, el Gobierno del Estado propició que esos fondos fueran directos a la opacidad.
Así, a dos años de haber sido favorecida el 30 de marzo del 2023 con la firma de un convenio estatal, la asociación encabezada por Cosijoopii Montero recibió al menos 270.3 millones de pesos a noviembre del año pasado, según información del SAT, quedando exenta de transparentar su uso.
Esto, dado que los fondos que las empresas y particulares entregan como “donativos” -obligados por el Estado- para compensar el impacto ambiental generado por obras y otras actividades no pasan por el erario, sino que van directamente de las empresas a la asociación, que puede expedir comprobantes fiscales por esas aportaciones.
“La asociación se encargará de realizar todas las acciones tendientes a la creación de los proyectos autorizados con los recursos que le sean aportados por los particulares”, indica la cláusula sexta del convenio, firmado por el entonces Secretario de Medio Ambiente estatal, Félix Arratia, actual Alcalde de Juárez por MC.
El propio Montero, director de Reforestación Extrema, ha señalado que el dinero aportado por las empresas no entra a las arcas públicas.
“Técnicamente no es dinero público”, declaró en julio del 2023, “es una aportación que nos dan las empresas directamente a nosotros”.
Sin embargo, los que aportan los recursos denuncian que no se puede conocer con certeza en qué se aplican sus aportaciones.
La falta de rendición de cuentas, que ha sido cuestionada, quedó nuevamente en evidencia el sábado, cuando el Gobernador Samuel García dijo que ya se han plantado más de 650 mil árboles con el programa Bosques Ciudadanos, a cargo de Reforestación Extrema, pero públicamente se desconoce dónde por la falta de información.
Según el Artículo 40 de la Ley Ambiental de Nuevo León, una vez que el Estado determine el monto del Costo Total Ambiental por impacto de los particulares que solicitan autorización para obras de urbanización o construcción, la compensación podrá hacerse con aportaciones económicas a fondos públicos o privados cuyo fin sea la protección de recursos naturales.
Estos fondos públicos o privados, precisa, deben contar con un convenio de colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente, como es el caso de Reforestación Extrema desde el 2023, que recibe millones en aportaciones.
Un biólogo que pidió omitir su nombre acusó que el Gobierno del Estado eligió por dedazo a esa asociación para llevar acabo estas labores sin pasar por procesos de licitaciones públicas o transparencia.
“La ley establecía que se podía llegar a hacer convenios”, dijo, “la Secretaría podía establecer convenios con fondos, no con asociaciones civiles, con fondos.
“En el pasado la (Secretaría) de Medio Ambiente tenía un convenio con el Fondo Metropolitano del Agua.
“(Ahora) le está dando un contrato a alguien que no cuenta con la capacidad, que en una licitación no hubiera pasado porque no cuenta con todo el equipo, y tú le estás dando el dinero para que lo haga”, alertó.
“Entonces, ya las cosas son de él, no son del pueblo”.
