Zósimo Camacho
Recién dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Ciudad de México, que investiga a dos de sus mandos medios. Nada menos que por supuestamente alterar, de manera deliberada, la escena del crimen cometido el pasado martes 20 contra Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y asesor, respectivamente, de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad descartó manipulación de pruebas, la Dirección de Asuntos Internos de la propia SSC inició un procedimiento administrativo contra la jefa del Sector Nativitas y el encargado de patrullas. Les acusa de haber retirado tres elementos de prueba del doble asesinato (un chaleco, un casco de motociclista y un cubrebocas) y luego haberlos reintegrado a la escena del crimen. Por el momento, ambos policías quedaron apartados de sus cargos.
Además, la SSC averigua por qué demoró tanto (10 minutos) en llegar la primera patrulla al lugar de los hechos y por qué no funcionaba la cámara del C5 que pudo haber captado con mayor nitidez a los agresores. Tales irregularidades, que comprometen la resolución de un crimen de alto impacto, provocaron ya un “ajuste en la estructura de mandos” de la dependencia.
De manera desafortunada, no es el único caso. Los asuntos de negligencia, corrupción y probable complicidad de policías de la Ciudad de México con el crimen se acumulan desde hace tiempo. Lejos de los reflectores y los micrófonos, la mayoría de las víctimas padece en silencio los atropellos de malos servidores públicos o francos delincuentes con placa.
Uno de los casos suma una denuncia penal, ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos (CI-FIDCSP/B/UI-B-2 C/D/03045/08-2024); una carpeta de investigación administrativa, abierta ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia la Ciudad de México (UAI/FS/AS/UI/3599/09-2024); otra carpeta de investigación en la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC (DGAI/I/D/004721/08-24); y una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (0000097603).
Además, una queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
A pesar de que hay evidencias contundentes de que los uniformados incurrieron en fabricación de delitos y simulación de elementos de prueba, los policías siguen libres, realizando patrullajes, mientras las víctimas permanecen en la cárcel, acusadas de delitos que no cometieron.
La desgracia cayó sobre Ángel David Pedroza Sánchez el 4 de marzo de 2024. Ese lunes viajaba en su automóvil con Iván Canek Estrada Gamboa y Roberto Carlos Rodríguez Ortega. Por asuntos de trabajo, se encontraban en el nororiente de la Zona Metropolitana del Valle de México. De pronto, en calles del municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, fueron interceptados por cuatro patrullas de la Ciudad de México, de los sectores Arenal, Aragón y Churubusco (MX385D1, MX918N2, MX006H1 y MX006H2).
Como no tenían jurisdicción para realizar detención en el lugar, los oficiales de la SSC trasladaron a las víctimas 500 metros al poniente, dentro del territorio de la alcaldía Gustavo A Madero. De la irregular detención dan cuenta los propios geoposicionadores satelitales (GPS) de las patrullas y los números de radiofrecuencias. Por si fuera poco, un video de una casa-habitación captó el momento de la detención.
No sólo se observa cómo los oficiales interceptan el vehículo fuera de su circunscripción; también, cómo someten a los tripulantes y les despojan de pertenencias. En un acto de rapiña, carteras y dinero meten a las bolsas de sus chalecos. Los bienes nunca les serían reintegrados.
Después los reúnen con otras tres personas (Jorge Adalberto Jiménez Amador, Edson Francisco Paredes Ruiz y Édgar Leopoldo Cruz Hernández) y les acusan de haber incurrido en un robo y secuestro exprés cometido contra repartidores de una empresa de mensajería. Los policías asegurarían ante las autoridades que los seis fueron detenidos en flagrancia.
En efecto, una denuncia por robo sí se realizó mediante el número de teléfono de emergencias 911 ese día. Sin embargo, las características físicas y de vestir de los probables responsables no coinciden con las de los detenidos, como se acredita al comparar el reporte por escrito del incidente con el video de la detención.
En ninguno de los videos de la zona, captados por el C5, se pudo observar que hubiera habido un asalto o robo contra una camioneta de mensajería ese día. De hecho, en la denuncia penal quedó asentada la declaración de uno de los policías de investigación, quien reconoce que no hay evidencia de que se hubiera cometido tal delito.
Las víctimas fueron retenidas por más de 50 minutos, mientras los oficiales intentaban acomodar los hechos, antes de presentaros ante el Ministerio Público. Además, les tomaron fotografías, que venderían a un medio de comunicación caracterizado por difundir las identidades de supuestos o probables responsables de delitos. Así, se presentó en un noticiero la imagen de Ángel David con las de los otros cinco detenidos, como supuestos integrantes de una banda dedicada al robo y el secuestro.
Lo peor es que en el Ministerio Público aceptaron en un inicio las “evidencias” presentadas por los policías y los acusados debieron permanecer en prisión mientras se realiza la investigación y se emite sentencia. Todos los elementos de prueba de inocencia de las víctimas han recaído en sus familias. La obtención de los videos, de las ubicaciones GPS de las patrullas y los demás elementos que acreditan la actuación arbitraria de los policías fue obra de los seres queridos de los recluidos injustamente.
Son estas familias, generalmente proletarias, las que de pronto ven trastocadas sus vidas y deben dejar trabajos, cambiar sus rutinas, tocar puertas y padecer la prepotencia y el desprecio de las instancias que deberían prevenir, procurar e impartir justicia. Y son ellas las que deben padecer, incluso, las amenazas de los policías que son investigados, como ocurre con Alfonso Pedroza, quien ha sido intimidado por los oficiales.
Gracias a estas pruebas obtenidas, uno de los acusados ha logrado su libertad: Roberto Carlos Rodríguez Ortega, quien alcanzó el sobreseimiento de su caso. Aunque Ángel David Pedroza Sánchez y los otros cuatro coacusados están en las mismas circunstancias, los vericuetos de la “justicia” les mantiene en prisión, con la posibilidad de que incluso sean encontrados “culpables”. El caso está en manos de la jueza Belén Bolaños Martínez, del Tribunal Superior de Justicia. Hoy es candidata a magistrada de Tribunal Colegiado de Circuito.
Las cárceles de todo el país están llenas de personas injustamente presas. No se trata sólo sentencias indebidas, emitidas por jueces incapaces o corruptos. Muchas veces el atropello inicia con los policías que delinquen y buscan chivos expiatorios, y con los ministerios públicos que realizan trabajo deficiente o corrupto.
Durante el sexenio pasado, Andrés Manuel López Obrador impulsó la liberación de personas injustamente presas mediante dos mecanismos: liberaciones anticipadas y amnistías. Alcanzaron la libertad así 9 mil 867 personas. Sin embargo, son decenas de miles las que padecen una reclusión, no por ser culpables de algún delito, sino por ser pobres.
