- Se formalizó un Convenio de Colaboración para proteger la Selva Maya.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno de Quintana Roo, en conjunto con la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN), formalizó un Convenio de Colaboración Interinstitucional para establecer un marco protector de la Selva Maya, un freno a la deforestación y también al acaparamiento de tierras en la entidad.
El acuerdo busca cerrar los vacíos legales que permiten el cambio de uso de suelo en zonas donde no debería permitirse, y la regularización de predios desmontados ilegalmente, explico la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien encabezó la firma de esta histórica estrategia.
Con este mecanismo, las tierras deforestadas sin permiso no podrán obtener títulos de propiedad ni ser incorporadas a actividades productivas, eliminando así el incentivo económico detrás de la tala.
Además de que se protegerá la biodiversidad de Quintana Roo como uno de los activos más valiosos y estratégicos de esta entidad, apuntó la mandataria estatal.
A través del intercambio de información entre el RAN y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se busca detectar y sancionar parcelas irregulares, y la agricultura a gran escala que sacrifica la biodiversidad de la Selva Maya, considerada el segundo macizo forestal más importante de América, sólo después del Amazonas, dijo Lezama Espinosa.
En el marco de la firma de este convenio. las autoridades presentaron estadísticas que dimensionan la gravedad de la problemática ambiental en la región:
Entre ellas se documentó la pérdida de 250 mil hectáreas de selva entre 2001 y 2023; la deforestación en el mismo periodo supera los 1.1 millones de hectáreas en la Península de Yucatán, mientras que a nivel nacional la cifra de bosques y selvas perdidos alcanza los 4.6 millones de hectáreas.
La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, señaló que este fenómeno está vinculado directamente a la expansión de la agricultura intensiva y los monocultivos.
Informó que, en operativos recientes, la dependencia ha clausurado 58 predios (equivalentes a 10 mil hectáreas) y presentado 34 denuncias penales.
El convenio es clave para Quintana Roo, donde el 84.3 por ciento del territorio es propiedad social (ejidos y comunidades).
El titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Juárez Carrera, alertó sobre esquemas de acaparamiento donde grupos reducidos de personas concentran hasta 40 mil solares urbanos en diversos ejidos.
El acuerdo integra a 280 ejidos del estado para fortalecer la vigilancia territorial. En la firma del convenio participaron también Luis Cruz Nieva, titular del Registro Agrario Nacional; la subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Griselda Martínez Vázquez.
Igualmente, atestiguaron la firma José Alfredo Contreras Méndez, alcalde de Bacalar; Refugio Cano Gómez, presidente del Comisariado Ejidal de Bacalar; además de Rafael Gómez Medina, magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44; y ejidatarios de Yucatán y Campeche.
