- Al cumplirse hoy dos años de que un escenario cayó en un mitin de Movimiento Ciudadano, que provocó la muerte de 10 personas, las víctimas siguen esperando justicia.
STAFF / AR
MONTERREY, NL.- Al cumplirse hoy dos años de que un escenario cayó en un mitin de Movimiento Ciudadano, que provocó la muerte de 10 personas, las víctimas siguen esperando justicia.
Aunque ya hay personas vinculadas por estos hechos, el proceso penal se encuentra estancado desde agosto.
“Perdimos a un familiar”, dijo María Luisa Escalera, ex esposa de Alejandro Gámez, quien falleció en el evento
“Perdimos un padre de familia, un abuelo, un papá, una mamá… Es una burla, cargar con el dolor de 2 años, que cada año te estén removiendo lo mismo”.
El 22 de mayo del 2024, en el campo de beisbol de El Obispo, en San Pedro, al registrarse ráfagas de viento se desplomó el escenario en el cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez, candidato de MC a la Presidencia, y de Lorenia Canavati, abanderada emecista por la Alcaldía sampetrina.
En el lugar murieron 8 personas y después fallecieron dos más, y en total hubo 246 heridos.
Familiares de víctimas han señalado que el peritaje realizado por la UANL evidenció fallas en la instalación del escenario.
Dos elementos de Protección Civil de San Pedro y dos de Protección Civil estatal fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos.
Pero el proceso está estancado en la audiencia de etapa intermedia, que ha sido reprogramada constantemente porque los acusados o sus representantes no están presentes en la sesión.
El pasado 4 de mayo, Luis Eduardo Hernández, juez estatal, reprogramó la audiencia para el 29 de junio a las 12:00 horas, tras no presentar un asesor jurídico de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, que depende del DIF estatal.
SIN APOYO ESTATAL
Cuando sucedió la tragedia en el evento partidista, el Gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez recorrieron hospitales y anunciaron un fondo para indemnizar con 400 mil pesos a la familia de cada fallecido, y con 100 mil pesos a los que sufrieron alguna incapacidad temporal.
Tras dos años, todavía hay personas con secuelas, que perdieron su trabajo, pero el Estado ya los dejó sin apoyos.
Se le cuestionó a la autoridad estatal las condiciones de los lesionados, cuánto destinó en apoyos y cuántas personas fueron atendidas, pero no respondió.
