- El Congreso de Michoacán aprobó ayer reformas al Código Electoral del Estado que restringen la operación en bloques de las candidaturas ciudadanas.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Entre protestas y acusaciones de bloqueo político por parte del Movimiento Independiente del Sombrero, el Congreso de Michoacán aprobó ayer reformas al Código Electoral del Estado que restringen la operación en bloques de las candidaturas ciudadanas y establecen la nulidad de comicios por nexos con el crimen organizado.
La reforma, consumada durante una sesión extraordinaria con 34 votos a favor y tres en contra, desató el rechazo de la agrupación que encabeza Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, el edil asesinado en 2025.
Desde cerca del mediodía, simpatizantes del movimiento, encabezados por Quiroz, se congregaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo en Morelia.
Entre gritos de “¡Gobernadora!” y ¡”No estás sola! , la viuda de Manzo catalogó la nueva legislación como un intento directo para frenar el crecimiento de su organización y limitar su participación en la próxima contienda de 2027.
“Pase lo que pase con esta reforma, tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir confiando y tenemos que demostrarles que el pueblo de Michoacán ya despertó. Nos pudieron quitar a Carlos Manzo, pero no este legado”, afirmó.
Tras el discurso de la Alcaldesa, los simpatizantes del movimiento, quienes portaban sombreros, intentaron detener la discusión de la reforma, lo que derivó en un conato de “portazo” que fue contenido desde el interior del recinto.
Pese a esto, Quiroz logró ingresar al Palacio Legislativo más adelante para fijar su postura ante los legisladores de la Junta de Coordinación Política.
“No hubo cordialidad; esperemos que la historia de Michoacán se los demande”, afirmó la presidenta municipal uruapense tras concretarse la votación en un Pleno resguardado.
La iniciativa aprobada unificó un total de 24 propuestas de diversas bancadas para actualizar una normativa que no recibía cambios desde 2014.
El texto final incorpora mecanismos de fiscalización, regulación de figuras ciudadanas, criterios de inclusión para grupos vulnerables y causales de invalidez democrática por violencia.
El debate se centró en las restricciones a los independientes, al quedar estrictamente prohibido que actúen en bloques colectivos.
La ley veta de manera formal toda alianza, actos coordinados de campaña, propaganda compartida o el uso de símbolos y emblemas comunes -como el sombrero-, para evitar que generen la percepción de pertenecer a un mismo frente político.
“Quien se dice independiente no puede actuar como partido por debajo de la mesa. No se vale usar sombrero ajeno para engañar”, argumentó el diputado morenista Juan Carlos Barragán Vélez.
Asimismo, la reforma modifica la Ley de Justicia en Materia Electoral para contener el impacto de la delincuencia en las urnas.
Estipula la nulidad total de una elección cuando se acredite que el crimen organizado afectó la libertad del voto en más del 20 por ciento de las casillas instaladas.
“En Michoacán las elecciones no pueden decidirse bajo amenazas”, aseveró el perredista Octavio Ocampo Córdova.
Desde la tribuna, el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista, integrante del movimiento, mantuvo su voto en contra y adelantó que recurrirán a los tribunales federales para controvertir la validez de la reforma, bajo el argumento de que se vulneran los derechos de participación ciudadana y de libre asociación.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García (PT), defendió la legalidad del dictamen. Precisó que las agrupaciones independientes deben definir su estatus jurídico si pretenden competir en 2027.
“Si el Movimiento del Sombrero quiere hacer un Frankenstein, ser independiente pero actuar como partido, esa figura no existe. Debieron decidir si se convertían en partido o se mantenían independientes”, apuntó.
El petista señaló además que la organización declinó participar en las mesas de trabajo técnicas convocadas previamente por el Poder Legislativo para desahogar el dictamen antes del plazo constitucional límite del 31 de mayo.
