POR KUKULKAN
HAY MENTIRAS que envejecen mal. Muy mal. Durante casi doce años se nos pidió creer que una de las piezas de evidencia más importantes del caso Ayotzinapa simplemente… dejó de funcionar. Un video que, por azares de la tecnología, habría sufrido una “falla técnica” justo cuando podía arrojar luz sobre una de las noches más oscuras de la historia reciente de México. Qué oportuno resultó aquel desperfecto.
AHORA, si las acusaciones que la Fiscalía General de la República ha formulado contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, logran sostenerse con pruebas ante un juez, el país estaría frente a algo mucho más grave que una omisión administrativa. Estaríamos hablando del presunto ocultamiento deliberado de una evidencia sustancial en una investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas.
Y ESO cambia el escenario, ya que una cosa es investigar quién desapareció a los jóvenes y otra, igualmente grave, es investigar quién decidió esconder las pruebas que podían conducir a la verdad. La existencia misma del video se convierte hoy en una pieza de enorme relevancia.
ESTÁ claro que, por sí solo, el video no resolverá el caso Ayotzinapa, pero sí dinamita una narrativa oficial que durante años fue presentada como una explicación suficiente: el video no podía verse porque había sufrido una falla técnica.
SI AHORA la investigación sostiene que el material existía y que habría sido ocultado deliberadamente, la investigación ya no sería únicamente quién lo escondió, sino quiénes sabían que existía. Conviene recordar el contexto. En septiembre de 2014 México no era un archipiélago de gobiernos aislados. Guerrero no era una república independiente. Existía un gobierno estatal encabezado por Ángel Aguirre y un gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto.
DESDE los primeros días, la investigación sobre Ayotzinapa se convirtió en un asunto de seguridad nacional, seguido minuto a minuto desde Los Pinos y por las principales instituciones del Estado mexicano. Pensar que un elemento de prueba de semejante relevancia pudo permanecer oculto sin que nadie en la estructura federal preguntara, revisara o cuestionara aquella explicación de la supuesta falla técnica sería, cuando menos, una hipótesis que merece ser examinada.
Y SI LA investigación demuestra que hubo un encubrimiento, entonces la lógica obliga a seguir la cadena completa de responsabilidades. No por consigna política. No por revancha. Sino porque así funciona cualquier investigación seria. Las responsabilidades no se detienen donde resulta más cómodo. Se siguen hasta donde conduzcan las pruebas. Eso aplica para un policía municipal, para un secretario estatal, para un gobernador… y también para un presidente de la República.
NADIE está sugiriendo, sin pruebas, que Enrique Peña Nieto ordenó ocultar un video. Esa es una afirmación que hoy no está acreditada y que correspondería demostrar a la autoridad, no a la opinión pública. Pero sí resulta legítimo preguntarse si, en un caso de la magnitud de Ayotzinapa, el entonces titular del Poder Ejecutivo federal fue informado sobre la existencia de ese material, sobre la explicación de la presunta falla técnica o sobre las decisiones que se tomaron respecto de esa evidencia.
SI NADIE le informó, estaríamos frente a una falla monumental en la cadena de mando de un caso prioritario para el Estado mexicano. Y si sí le informaron, entonces habría que conocer qué decisiones se tomaron. Durante años, buena parte del debate se concentró en desmontar la llamada “verdad histórica”. Hoy, las nuevas líneas de investigación parecen sugerir que también habría que revisar la historia de cómo se administró la evidencia.
Y ESA diferencia no es menor. Una democracia no se fortalece únicamente castigando a quienes ejecutan un delito. También exige esclarecer quiénes permitieron que la verdad permaneciera enterrada durante años. Por eso la eventual responsabilidad de un exgobernador no debería convertirse en el punto final de esta historia, sino, en todo caso, en un nuevo punto de partida.
AYOTZINAPA nunca fue un expediente exclusivamente estatal. Tampoco fue únicamente un problema municipal. Desde el primer momento involucró a instituciones federales, corporaciones de seguridad y decisiones políticas del más alto nivel. Sería un contrasentido que la investigación escalara hasta un gobernador, pero que de pronto perdiera el interés por conocer qué ocurrió en los niveles superiores del poder.
LA REALIDAD es que las cadenas de mando no se rompen por decreto. Ni los silencios institucionales aparecen por generación espontánea. Quizá el verdadero valor de este nuevo capítulo no radique únicamente en la detención de un exgobernador, sino en que obliga a formular la pregunta que durante demasiado tiempo permaneció suspendida en el aire. Si el video existía… ¿quién decidió que el país nunca debía verlo?
Y, sobre todo, ¿quién sabía que nunca lo veríamos?
