- La emisión del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables fue instruida hace más de 18 años.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la presidenta Claudia Sheinbaum expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, luego de que hace más de 18 años que venció el plazo legal fijado por el Congreso para que el Ejecutivo emitiera la norma.
Por mayoría de siete votos, la Corte amparó a una comunidad pesquera de Veracruz, contra una omisión absoluta del Ejecutivo para acatar el artículo sexto transitorio de la ley general, publicada el 24 de julio de 2007.
El ordenamiento le dio seis meses al entonces presidente Felipe Calderón para publicar el reglamento, contados a partir de la entrada en vigor de la ley el 24 de octubre de 2007; es decir, hasta abril de 2008. Ni Calderón, ni los tres presidentes siguientes cumplieron ese mandato.
El transitorio indicó que, mientras se expedía el nuevo reglamento, seguiría vigente otro que data de 1999, pero la Corte rechazó hoy que esto permita suspender por tiempo indefinido el mandato de la ley, que estableció un nuevo modelo en materia pesquera.
“La nueva ley instauró un modelo regulatorio sustancialmente distinto al previsto en la legislación de pesca anterior”, explica la sentencia.
Ese modelo se basa en la sustentabilidad, la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas, el enfoque precautorio y la preservación de la capacidad de carga de los recursos naturales.
“Estos principios reflejan una transformación profunda del modelo jurídico pesquero mexicano, puesto que, mientras la legislación anterior se encontraba predominantemente orientada al aprovechamiento productivo de los recursos, la ley vigente incorporó un paradigma ecosistémico de protección ambiental, conservación de la biodiversidad y sustentabilidad intergeneracional”, afirma el fallo presentado por la ministra Yasmín Esquivel.
El reglamento, por tanto, es necesario para que el Ejecutivo aterrice los detalles operativos de los múltiples conceptos generales previstos en la ley.
Durante la discusión, varios ministros destacaron la importancia de la actividad pesquera para las comunidades costeras del país.
María Estela Ríos, quien fue consejera jurídica del Ejecutivo en el sexenio pasado, fue la única disidente, al considerar que la falta de reglamento federal no afecta derechos de la comunidad que promovió el amparo ni genera daños ambientales.
Ello, ya que hay otras normas vigentes que los protegen, entre ellas, la regulación pesquera del estado de Veracruz.
La Corte le dio 180 días hábiles al Ejecutivo para expedir el nuevo reglamento, contados a partir de que la sentencia sea notificada por el Juzgado de Distrito de Boca del Río que tramitó el amparo, por lo que es probable que la norma estará lista hasta 2027.
