- La tragedia ocurrida la semana pasada por el colapso de una masa de hielo en los montes del Himalaya reavivó los reclamos en Argentina contra la reforma a la Ley de Protección de Glaciares.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La tragedia ocurrida la semana pasada por el colapso de una masa de hielo en los montes del Himalaya reavivó los reclamos en Argentina contra la reforma a la Ley de Protección de Glaciares, aprobada este año a propuesta del Gobierno de Javier Milei, al considerar que incrementa los riesgos para los campos de hielo andinos, y para las reservas de agua de las que dependen millones de personas.
“Los ecosistemas son completamente distintos y no podemos decir que vaya a pasar lo mismo en Argentina, pero lo que ocurrió en Nepal es una advertencia de lo que está pasando a nivel mundial con los glaciares y su destrucción, un fenómeno que ya se da también en Argentina”, señaló Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace.
Argentina cuenta con 16 mil 968 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 8 mil 484 kilómetros cuadrados. En 2024, el país reconoció oficialmente que el aumento de la temperatura ambiental ha provocado el retroceso de casi todos los glaciares andinos de la Patagonia sur durante las últimas décadas, incluido el emblemático Perito Moreno, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981.
El país sudamericano fue pionero en Latinoamérica al aprobar en 2010 una ley que protege a los glaciares como reservas estratégicas de agua. Sin embargo, la reforma de esta legislación, aprobada en abril pasado, por impulso del gobierno de Javier Milei, sumó la presión de actividades extractivas a los efectos que el cambio climático ya provoca sobre estos ecosistemas.
La modificación legal, rechazada por unos 900 mil argentinos mediante una colecta de firmas, permite a las provincias autorizar proyectos mineros en áreas periglaciales —zonas aledañas a los glaciares— cuando determinen que esos territorios no contienen reservas estratégicas de recursos hídricos.
Ambientalistas locales advierten que esta disposición abre la puerta a decisiones discrecionales sobre zonas consideradas fundamentales para la conservación del agua.
La reforma fue aprobada por el Parlamento en medio de un auge de nuevas inversiones mineras en el país sudamericano; principalmente en litio, cobre y oro, impulsadas por los beneficios fiscales que el gobierno de Milei ofreció a las empresas del sector.
“Permitir la minería en estos ecosistemas puede generar muchos problemas, hacen descargas con dinamita en la montaña y arman un dique de cola, donde vierten agua y sustancias químicas como cianuro, con el peligro de que se filtre hacia las capas subterráneas y contamine acuíferos que conectan con ríos.
“Además, estos diques artificiales pueden colapsar”, explicó a EFE Cristian Fernández, coordinador del área legal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Rossi Serra, de Greenpeace Argentina, recordó que los glaciares almacenan alrededor de 70 por ciento del agua dulce del planeta y desempeñan un papel fundamental en la regulación de los ciclos hídricos. Además, numerosas comunidades dependen del agua proveniente del deshielo para el consumo humano, el riego y la generación de energía.
“Entre el 18 y el 20 por ciento de los argentinos depende de manera directa del agua de deshielo de glaciares y ambientes periglaciales”, advirtió la especialista.
Activistas llevan reforma de glaciares de Argentina a tribunales
La provincia de La Pampa y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace y FARN, presentaron un amparo colectivo hace unos meses, contra la reforma de la Ley de Glaciares. Su objetivo es impedir que la modificación entre en aplicación mientras la Justicia determina si la nueva norma es constitucional.
“El trámite judicial es lento. El juzgado tiene paralizada la resolución. Estamos bastante preocupados con la ausencia de respuesta”, afirmó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, una de las organizaciones que encabezan la demanda.
La disputa tiene un antecedente judicial relevante. En 2019 la Corte Suprema de Argentina ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares de 2010, tras resolver una demanda presentada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan contra esa legislación.
En aquella sentencia, el máximo tribunal reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos y estableció que, ante situaciones de conflicto, los derechos colectivos —como el acceso al agua— prevalecen sobre otros intereses.
“La reforma es inconstitucional a todas luces y, más allá de la estrategia judicial, buscaremos que este tema esté en la agenda pública de cara a las elecciones de 2027 en Argentina, impulsando una ley que restablezca la protección de los glaciares”, afirmó Fernández.
Para el representante de FARN, la reforma representa un retroceso frente a la legislación que durante años protegió los campos de hielo argentinos.
“Tragedias como las de Nepal deben abrir los ojos de todos”, concluyó.
