Zósimo Camacho
Sigue sorprendiendo la facilidad con que se despoja impunemente a familias campesinas, se privatiza tierra de propiedad social y, con la complicidad de autoridades agrarias, empresarios se apoderan de miles de hectáreas. Los traficantes de tierras, muchos de ellos vinculados al panismo y al priísimo, siguen teniendo éxito en tiempos de la 4T.
En el caso del ejido Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, un total de 1 mil 415 hectáreas fueron entregadas a una sola persona, ajena al ejido: el empresario inmobiliario Jorge Antonio González Nieto. A pesar de la ilegalidad, todo un aparato se echó a andar para asegurar el despojo. El litigio sigue, pero ilegal e inexplicablemente el actual delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Querétaro, Marco Antonio Abarca Salvatore, ya tituló las tierras a favor del empresario. Y la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42, María Antonieta Villegas López, “olvidó” las medidas de protección ya dictadas sobre esas tierras.
Lo que muestra este caso es toda una maquinaria de despojo que, de manera sistemática, se apodera de tierras para el corredor urbano industrial de la ciudad de Querétaro. El modus operandi ha quedado al descubierto. Vayamos por partes.
El 17 de enero de 2007 se celebró la Primera Asamblea General de Ejidatarios para Asamblea de Formalidades Especiales en el Ejido Santa Rosa Jáuregui, municipio y estado de Querétaro. En esa sesión se asignaron 1 mil 415 hectáreas a una sola persona: Jorge Tomás Flores Cacho, que nadie del ejido conocía. No pertenece a este núcleo agrario. La Ley Agraria es clara: nadie puede enajenar más del 5 por ciento de las tierras ejidales. Las hectáreas que estaban cediendo superan con creces ese límite. La respuesta no fue corregir la irregularidad, sino fabricar contratos para darle la vuelta a la ley.
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¿Qué siguió? El 6 de noviembre de 2007 se elaboró un contrato mediante el cual se asignaba la totalidad de la superficie a Flores Cacho. Después vinieron otros, fechados el 15 de junio de 2007, aunque nunca se celebraron en esa fecha. En ellos, Flores Cacho fraccionaba el terreno a favor de Jorge Antonio González Nieto, Alejandro González Nieto, Beatriz González Nieto, Rosalía Fuentes Silva y Luis Gabriel Anaya Muñoz.
Como se inconformaron los ejidatarios y cuestionaron la legalidad de la transacción, el empresario inmobiliario Jorge Antonio González Nieto promovió en 2017 el juicio 45/2017 contra el ejido para exigir el cumplimiento de los contratos del 15 de junio y 6 de noviembre de 2007. El 25 de agosto de 2017, el Comisariado Ejidal en turno celebró una Asamblea General de Ejidatarios cuyo objeto era otorgar la calidad de ejidatarios a las cinco personas beneficiarias y reasignarles las parcelas. La mayoría de los asistentes no los conocía. En ese acto se elaboraron nuevos medios magnéticos y un nuevo aparcelamiento, con lo que se otorgó nueva numeración a terrenos que ya habían sido parcelados con anterioridad.
El 24 de noviembre de 2017, dentro del juicio agrario EXP. 1203/2017 promovido por ejidatarios de Santa Rosa Jáuregui, se concedió medida cautelar a favor del ejido: no expedir certificados parcelarios respecto de las parcelas en litigio hasta la conclusión del juicio. Sin embargo, González Nieto promovió un juicio contra el RAN para la expedición de títulos de propiedad. La demanda fue resuelta en su contra. Se le negó la expedición de títulos. La resolución fue confirmada tanto en juicio de amparo como en recurso de revisión. A pesar de ello, el actual delegado del RAN en Querétaro, Marco Antonio Abarca Salvatore, emitió el oficio ST/1077/2025 el 4 de diciembre de 2025, dirigido a la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro y recibido ese mismo día, mediante el cual remitió los títulos de propiedad. Inobservó la medida cautelar vigente y las resoluciones judiciales adversas a quienes se les expidieron los títulos. Su antecesor en el cargo fue suspendido por irregularidades similares.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 42, María Antonieta Villegas López. A pesar de tener a la vista la vigencia de la medida cautelar, requirió a la parte actora la exhibición de la prueba en original o copia certificada, documentación que obra bajo resguardo del RAN. Durante la audiencia testimonial, al preguntarle a Jorge Flores Cacho si tenía o tuvo contrato verbal o escrito respecto de las tierras en litigio con Jorge Antonio González Nieto, manifestó que no. En el expediente 45/2017 obran los contratos de cesión a título gratuito de Flores Cacho a favor de González Nieto. El hecho fue señalado a la Magistrada sin que se tomara en consideración. En la etapa de alegatos, la magistrada ordenó regresar a la etapa probatoria.
No estamos ante un caso aislado. Otros núcleos agrarios han padecido el mismo proceso… con los mismos actores. En 2008, el 19 de noviembre, mediante escritura pública 92,438 —pasada ante el notario Alejandro Esquivel Macedo, titular de la Notaría Pública Número 8—, los hermanos González Nieto vendieron a la empresa Desarrollo Habitacional del Centro, SA de CV, los predios fusionados de las parcelas 14, 16, 18, 20 y 22 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, en la Delegación Epigmenio González. La superficie fusionada: 345 mil 115.987 metros cuadrados. El apoderado legal de la compradora era, precisamente, Jorge Antonio González Nieto.
La operación no se detuvo ahí. En 2009, como representante legal de Desarrollo Habitacional del Centro, González Nieto “donó” al Municipio de Querétaro 14 mil 383.61 metros cuadrados para equipamiento y áreas verdes, 53 mil 772.78 metros cuadrados para vialidades y 22 mil 524.95 metros cuadrados adicionales del Ejido Menchaca. Todo ello en el marco del desarrollo del fraccionamiento Los Huertos, en la Delegación Epigmenio González. La donación, por supuesto, no era un gesto filantrópico sino el “precio” legal para poder fraccionar y vender.
El patrón se repite. La Gaceta Municipal del 23 de enero de 2018, Año III, No. 60, Tomo I, documenta una serie de acuerdos aprobados entre octubre y diciembre de 2017 que confirman la magnitud del entramado: cambios de uso de suelo, modificaciones a la normatividad por zonificación, incrementos de densidad de población, modificaciones al Programa de Ordenamiento Ecológico Local, autorizaciones de fraccionamientos y condominios, licencias de ejecución de obras de urbanización. Todo ello en delegaciones como Santa Rosa Jáuregui, Epigmenio González, Felipe Carrillo Puerto y Villa Cayetano Rubio.
Entre esos acuerdos destaca el Dictamen Técnico del condominio Granados, ubicado en Calzada de Belén número 22031, Lote 6, Manzana 3, Etapa 2, Fraccionamiento Los Huertos, Delegación Epigmenio González, con 120 viviendas. El dictamen reconoce que el predio proviene de la fusión de las parcelas 14, 16, 18, 20 y 22 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, adquiridas por Desarrollo Habitacional del Centro, SA de CV, representada en 2008 por Jorge Antonio González Nieto. La autorización final de 2017 se otorgó a Natividad de Jesús Martínez, representante legal de la misma empresa.
El modus operandi es sistemático: elaboración de actas de asamblea de asignación de tierras, inscripción irregular ante el RAN sin verificación de requisitos de legalidad, convalidación jurisdiccional mediante resoluciones que omiten el análisis de vicios de origen, y finalmente incorporación de tierras de naturaleza social e inalienable al mercado urbano bajo apariencia de legalidad registral.
Queda claro que estamos ante un modelo que disuelve la tenencia social de la tierra para fraccionarla y entregarla a la industria inmobiliaria; que opera con la complicidad de autoridades agrarias, registrales y jurisdiccionales, y que, ante la ausencia de controles institucionales, se replica y expande como efecto contaminante hacia otros núcleos agrarios colindantes de la zona metropolitana, que comparten las mismas condiciones de vulnerabilidad por su cercanía con el corredor urbano-industrial.
Toda esta trama se desarrolló durante las administraciones de tres gobernadores panistas: Mauricio Kuri González (en funciones desde 2021 y hasta 2027), Francisco Domínguez Servién (2015-2021) y Francisco Garrido Patrón (2003-2009); y un priísta: José Eduardo Calzada Rovirosa (2009-2013). La zona es parte otra región en la que Diego Fernández de Cevallos mantiene intereses empresariales y políticos desde hace décadas: cercana a su hacienda de 800 hectáreas La Barranca (Guanajuato) y otras propiedades en Querétaro, como los terrenos del aeropuerto, Colón, Pedro Escobedo, San Juan del Río y El Marqués.
¿Está de acuerdo el gobierno federal con este cambio de manos de la propiedad de la tierra que se opera alrededor de la ciudad de Querétaro? ¿Lo asume como un costo de los polos de desarrollo, los data center, los hubs tecnológicos?
