- En un fallo de 46 páginas, el juez James Boasberg acusó a funcionarios federales de apresurar la expulsión de migrantes.
STAFF / AGENCIA REFORMA
WASHINGTON, EU.- Un juez federal amenazó ayer con abrir una investigación por desacato criminal para determinar si el Gobierno del Presidente estadounidense, Donald Trump, violó una orden emitida el mes pasado que ordenó frenar el envío de aviones con migrantes venezolanos a El Salvador.
En un fallo de 46 páginas, el juez James Boasberg acusó a funcionarios federales de apresurar la expulsión de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 antes de que pudieran impugnar su deportación ante los tribunales, y luego ignorar su orden de que los aviones que habían despegado regresaran a Estados Unidos.
“El tribunal no llega a estas conclusiones a la ligera o precipitadamente. De hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad de explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”, escribió Boasberg, presidente del Tribunal Federal de Distrito en Washington.
La decisión se produjo un día después de que la jueza Paula Xinis comentó en el Tribunal Federal de Distrito de Maryland que iniciaría su propia indagatoria para establecer si la Presidencia ha incumplido una sentencia de la Suprema Corte estadounidense.
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Xinis ordenó a la Casa Blanca responder en las próximas dos semanas -tanto por escrito como en declaraciones- por qué hasta ahora no ha seguido las instrucciones para “facilitar” la liberación de Kilmar Armando Ábrego García de la prisión salvadoreña a la que fue enviado junto con los migrantes venezolanos.
Las dos decisiones demuestran que algunos magistrados siguen dispuestos a oponerse a la tendencia de Trump de poner en entredicho el tradicional equilibrio de poder entre Ejecutivo y Judicial.
En el caso del juez Boasberg se advirtió que si los funcionarios del Gobierno federal bloquean sus esfuerzos, se podría remitir el expediente al Departamento de Justicia, o nombrar a un fiscal externo para evaluar las acciones de la Presidencia.
“El Presidente está 100 por ciento comprometido en garantizar que los terroristas y los migrantes ilegales criminales ya no sean una amenaza para los estadounidenses”, respondió al fallo Steven Cheung, portavoz de Trump, en sus redes sociales.
A su vez, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó ayer a Ábrego García de ser “un presunto golpeador de mujeres” y maltratar a su cónyuge, Jennifer Vásquez Sura.
El juez no precisó qué funcionarios podrían ser declarados en desacato, aunque dio hasta el 23 de abril para que el Gobierno explique las medidas adoptadas para resolver la infracción.
