- Una menor, de 16 años de edad, que hace dos años fue obligada a contraer matrimonio, estuvo en prisión cuatro días en Cochoapa el Grande, en la montaña de Guerrero.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CHILPANCINGO, GUERRERO.- Una menor, de 16 años de edad, que hace dos años fue obligada a contraer matrimonio, estuvo en prisión cuatro días en Cochoapa el Grande, en la montaña de Guerrero, para obligarla a que regrese la dote —700 mil pesos— que la familia del esposo pagó.
El esposo solicitó la detención de la adolescente porque descubrió en su celular unas fotografías de su ex novio.
El pasado 12 de abril, policías comunitarios detuvieron a la adolescente y la llevaron a prisión. En tanto, un grupo de autodefensas, a cargo de Lorenzo Moreno Ventura, capturó y también llevó a la cárcel a Samuel, el ex novio de la menor.
Moreno Ventura, quien es presidente del Consejo de Justicia de los Pueblos Originarios y tío del esposo de la menor, encabezó las detenciones.
Tres días después ambos fueron liberados, luego que sus padres se comprometieron a pagar los 700 mil pesos que los padres del esposo supuestamente habrían entregado para la celebración del matrimonio.
En el convenio que firmaron para que ambos obtuvieran su libertad se establece que Samuel y su papá tendrán que pagar 250 mil pesos; la mamá de la menor, 450 mil pesos.
“El plazo para hacer el pago vence el próximo 30 de abril y se corre el riesgo de que la mamá de la menor, el ex novio y los padres de éste sean detenidos por la Policía comunitaria”, alertó Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
La menor, aseguró Arias, logró huir de la comunidad, luego de que recobró la libertad.
La activista contó que cuando se enteraron del encarcelamiento de ambos hablaron con el Alcalde de Cochoapa el Grande, el petista Javier Gálvez, para que interviniera y ordenara la liberación de los detenidos, pero no obtuvieron respuesta.
“El posicionamiento del Alcalde es que desconoce qué atención darle al caso porque es una práctica común dentro de las comunidades”, dijo en entrevista.
Arias aseguró que la adolescente fue obligada a casarse a los 14 años y los padres de su esposo la llevaron a trabajar a los campos agrícolas en Sinaloa durante casi dos años.
“La menor de edad sufrió múltiples violaciones a sus derechos humanos desde que la obligan a casarse y luego a trabajar. El dinero que ganaba se lo daba a los papás de su esposo. Eso es inaudito”, reprochó.
La abogada condenó que el Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda no tome acciones para prevenir los matrimonios forzados de niñas en los municipios de la Montaña.
En noviembre de 2021, la Gobernadora anunció la estrategia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres.
Sin embargo, Arias sostiene que ese programa no ha funcionado porque los matrimonios forzados de menores de edad se siguen dando en los municipios más marginados de Guerrero.
Endurecen castigo
En abril de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó una reforma al Código Penal Federal, para castigar hasta con 22 años de cárcel a quien cometa el delito de cohabitación forzada contra menores de edad.
Sin embargo, la pena se incrementará hasta en una mitad, cuando la víctima pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
El delito se tipifica cuando el menor es obligado a cohabitar de manera forzada con alguien de su misma condición o con una persona mayor de 18 años de edad.
