- El grupo parlamentario del PRI en el Senado presentó una iniciativa para elevar las penas de cárcel, de 15 a 30 años, contra quienes recluten a menores para el crimen organizado.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En México, alrededor de 30,000 niñas, niños y adolescentes ya han sido reclutados por grupos criminales, y hasta 200,000 se encuentran en riesgo de serlo, según datos incluidos en una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, que busca endurecer las penas contra esta práctica cada vez más extendida.
Ante esta alarmante realidad, la senadora Alma Carolina Viggiano Austria propuso una reforma al artículo 25 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de tipificar específicamente el delito de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado y aumentar de forma sustancial las penas para quienes incurran en esta conducta.
La iniciativa propone elevar la pena de prisión de 10 a 20 años a un nuevo rango de 15 a 30 años, e imponer además multas que irían de mil a veinte mil días salario. También busca sancionar no sólo el reclutamiento, sino cualquier forma de utilización de personas menores de 18 años en actividades relacionadas con delitos, incluyendo como agravantes el uso de coacción, amenaza, engaño o fuerza, o cuando la víctima se encuentre en condición de vulnerabilidad. En estos casos, la pena podrá aumentar hasta en una mitad.
Otro punto clave de la reforma es que estos delitos no prescribirían, es decir, no podrían quedar impunes por el paso del tiempo, una medida pensada para reforzar la protección de las víctimas más indefensas del país.
Durante la presentación, Viggiano señaló que este fenómeno se ha vuelto sistemático y generalizado en regiones específicas del país, donde convergen condiciones sociales como pobreza, abandono, orfandad y rezago educativo. Según la senadora, estas circunstancias han sido aprovechadas por los grupos criminales para reclutar menores ante la falta de intervención eficaz por parte de las autoridades.
“Esta práctica no solo es cruel y cobarde, sino que ha sido tolerada por omisión. Se ha permitido que los criminales recluten, utilicen y en muchos casos desaparezcan a menores de edad sin consecuencias reales”, afirmó.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio, en un contexto donde organizaciones sociales, académicos y expertos en derechos humanos coinciden en que la utilización de menores por grupos criminales constituye una grave emergencia nacional, que requiere atención inmediata, no sólo en el ámbito legal, sino también con políticas de prevención, educación y restitución de derechos.
El debate sobre esta propuesta se inscribe en un momento clave para las políticas de seguridad y protección infantil en México, donde los grupos delictivos han encontrado en la infancia un blanco fácil para engrosar sus filas ante la impunidad persistente.
