- La reforma electoral que alista el Gobierno federal apunta a la reducción del costo del sistema y del financiamiento público a los partidos políticos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma electoral que alista el Gobierno federal apunta a la reducción del costo del sistema y del financiamiento público a los partidos políticos, así como a una disminución del número de legisladores, sin eliminar la representación proporcional, pero sí transformando el mecanismo de acceso al Congreso.
El proyecto, que será anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en enero de 2026, se inclina a mantener los órganos electorales locales, aunque con menos costos y estructuras más compactas, preservando el modelo federalista.
Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia, hizo en entrevista un balance de los 70 foros de consulta realizados en México y Estados Unidos, así como de las tendencias que se perfilan a partir de estudios de opinión encargados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
LOS RECURSOS
A juicio de Ramírez, los resultados coinciden en los puntos más críticos que motivaron al Ejecutivo a impulsar modificaciones legales y constitucionales para ajustar el sistema electoral.
“Hay un consenso general en cuanto a el costo de las elecciones, hay, digamos, un pronunciamiento de la gente en favor de reducir el costo, reducir el dinero que se da a los partidos, y eso estamos viendo, de qué manera hacerlo, sin lesionar la equidad, dejar un piso parejo para los partidos políticos y que puedan tener condiciones democráticas para competir”.
Uno de los ejes centrales, explicó, es la reducción del financiamiento público a las fuerzas políticas, con la advertencia de no abrir espacios al dinero ilegal ni a la intervención de poderes fácticos, lo que obliga, dijo, a buscar un equilibrio entre austeridad y gobernabilidad.
“Reducir el presupuesto es una demanda de los ciudadanos, pero no se puede reducir hasta un punto donde se ponga en riesgo, por un lado, la equidad de la elección y, por otro, la intervención de externos a la elección. No se puede permitir que los intereses privados de un grupo empresarial influyan en una elección o determinen una elección, tampoco los poderes fácticos, sea el crimen organizado u otro actor no estatal”.
El funcionario señaló que la Comisión analiza plantear a la Presidenta la modificación de la fórmula de financiamiento partidista, que actualmente se basa en el padrón electoral, lo que provoca un incremento automático del gasto año con año.
EL CONGRESO
Indicó que uno de los consensos surgidos en los foros es la necesidad de reducir el número de legisladores, particularmente los de representación proporcional, un debate tanto político como técnico, con distintos escenarios que aún deben evaluarse.
Precisó que en las consultas no se planteó la desaparición de las plurinominales, sino su transformación, ante un rechazo generalizado a las listas cerradas definidas por las cúpulas partidistas.
“Hay un cuestionamiento muy generalizado en contra de las listas de partidos, que las listas sean las que elige el partido y que esos sean los diputados o senadores plurinominales”.
Explicó que surgieron propuestas para modificar el esquema sin cancelar la representación proporcional, como permitir que el voto ciudadano defina el orden de las listas o recurrir a esquemas de primera minoría.
El debate de fondo, añadió, es cómo garantizar la representación de las minorías sin romper el equilibrio democrático.
¿CENTRALISTA O FEDERALISTA?
Sobre los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), explicó que la tendencia es mantenerlos, pero con una estructura más reducida y costos menores, en congruencia con un modelo federalista.
“Lo de los OPLES tiene que ver con si la organización es centralizada o descentralizada. Siendo una República federal, me inclinaría a pensar que sería mucho más ajustado a nuestra Constitución un modelo federal. Pero no pueden ser OPLES con ese tamaño y esos gastos, sobre todo cuando no todo el tiempo hay elecciones”.
En cuanto a las autoridades, prácticamente descartó la elección de consejeros del INE por voto popular, así como una reducción significativa del tamaño de su Consejo General, salvo por razones presupuestales.
LA FISCALIZACIÓN
Sobre la fiscalización del gasto electoral, señaló que la definición que se perfila es avanzar hacia un modelo de supervisión en tiempo real, apoyado en tecnología.
Consideró que ya existen herramientas que permitirían avanzar hacia ese esquema sin rediseñar por completo el sistema.
“Que el gasto electoral se fiscalice en tiempo real, de tal manera que no haya ningún resquicio para gastar más dinero del que está autorizado y del que se puede hacer. Ya hay otros sistemas, digamos, más automatizados o tecnológicos que permiten esta capacidad”.
SIN CONTRARREFORMA
En materia de propaganda política, señaló que, aunque fue uno de los temas menos discutidos, no existe intención de desmontar el modelo actual ni de regresar a la contratación privada de espacios.
“Curiosamente, lo que menos se discutió es el modelo de comunicación. Está muy cuestionada la ‘spotización’ de la propaganda electoral”.
“Hay quien considera que debe mantenerse el control de los tiempos y de las formas y del presupuesto que se gasta en materia de publicidad y de propaganda para evitar desbalances y desniveles. Y no permitir que los medios usen esa capacidad de contratar y de exponer como una fuerza de chantaje o de condicionamiento”.
RUTA, TIEMPO Y ALIADOS
Ramírez dejó en claro que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral no tomará decisiones finales sobre el contenido ni los tiempos del proyecto, sino que integrará los insumos para entregarlos a la Presidenta.
“Ya tenemos que revisar los sondeos de opinión, ver qué resultados arrojan y a partir de eso integrar la propuesta que tendríamos que entregar a la Presidenta y ella ya definirá qué hacer con esa propuesta”.
Subrayó que será Sheinbaum quien determine el alcance y los tiempos de la iniciativa.
Respecto a los aliados del PT y PVEM, afirmó que sus posiciones serán escuchadas.
“Somos parte de una coalición y tenemos que atender que escuchar a todos a la oposición y a las fuerzas aliadas. La verdad, yo creo que van a entender. Las propuestas se van a hacer y van a estar de acuerdo. Esa es mi opinión”.
Rechazó que los foros hayan sido una simulación o que la reforma busque imponer una hegemonía política.
