- La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco recibió seis denuncias por este caso, cuatro de las cuales fueron remitidas a la FGR por tratarse de delitos federales.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
GUADALAJARA, JAL.- Diego Rivera Navarro, el alcalde de Tequila, Jalisco, que ayer fue detenido, llegó al cargo hace apenas 14 meses bajo la bandera de Morena con promesas de transparencia y cercanía ciudadana.
Tras asumir el cargo el 1 de octubre de 2024, con un salario mensual de 64 mil pesos ─según el tabulador del propio Ayuntamiento─ la realidad resultó ser otra: su breve gestión acumula al menos ocho denuncias que van desde extorsión millonaria hasta violencia política de género, pasando por la apropiación de un inmueble histórico.
Su primer escándalo estalló en marzo de 2025, cuando se documentó que cerró el Museo Nacional del Tequila (MUNAT) sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para convertirlo en su residencia personal y, una parte en oficinas del Ayuntamiento.
El presidente municipal realizó modificaciones al inmueble patrimonial ─incluyendo la presunta construcción de un departamento en el auditorio─ sin permiso federal, lo que constituye un delito.
En junio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) intervino y aseguró el recinto.
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco recibió seis denuncias por este caso, cuatro de las cuales fueron remitidas a la FGR por tratarse de delitos federales.
En diciembre de 2025, la empresa José Cuervo ─la productora de tequila más grande del mundo─ presentó una denuncia formal por extorsión contra Rivera Navarro y funcionarios municipales.
La compañía señaló que le exigieron el pago de 60 millones de pesos bajo amenaza de clausurar su planta Cuervo 1800, cuando el cobro normal de predial y licencias ascendía a alrededor de un millón de pesos anuales.
Tres regidoras del Ayuntamiento ─dos del PRI y una de su propio partido, Morena─ presentaron denuncias por acoso político, violencia de género, amenazas de muerte y obstrucción de funciones.
Las regidoras relataron que fueron eliminadas de los grupos oficiales de comunicación y bloqueadas del teléfono personal del alcalde.
Una de ellas, Luz Elena Aguirre, denunció que, tras votar en contra de un préstamo municipal por 22 millones de pesos, su escuela de idiomas fue clausurada sin justificación, se le cortó el servicio de agua y comenzó a sufrir hostigamiento en la recolección de basura.
Otra regidora, Karina Romero, señaló que un familiar suyo recibió mensajes con amenazas directas donde le advirtieron que debía “calmarla” o ella podría sufrir un “levantón” o “amanecer colgada”.
La activista Maribel Flores Salazar también denunció haber sido amenazada en cuatro ocasiones por sujetos que, según su testimonio, actuaban “de parte de Don Diego”.
Ante la presión mediática y las denuncias acumuladas, Rivera Navarro utilizó sus redes sociales para afirmar que los señalamientos son “orquestados por adversarios” y que se trata de “un tema más político que nada”.
Presentó resoluciones del Tribunal Electoral que declaran “inexistente” la violencia política de género en su contra, aunque reconoció que las denunciantes buscan escalar el conflicto a la vía penal.
*Con información de Agencia Reforma
