Elmer Ancona Dorantes
México está de cabeza, y de cabeza nada ni nadie puede caminar, a menos que pertenezca a una especie distinta o a un universo distante. El problema en este país es que, tanto autoridades como ciudadanos no queremos verlo, admitirlo, confrontarlo ni resolverlo.
Pongamos tan solo un ejemplo, uno de los más recientes que ha cimbrado a la sociedad: El caso de los diez mineros desaparecidos en Sinaloa, de los cuales ya se encontró el cuerpo de cinco.
Desde julio del 2025, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) denunció que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se hizo del control de varias minas de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro.
En su reporte “Los traficantes no dejan piedra sin remover”, el organismo estadunidense acusó que alrededor de las minas Cristo Vive, La Fe, La Peña, El Mono y La Perla se erigieron fortificaciones para vigilar y controlar el acceso de los trabajadores.
“Las minas ahora están controladas por el extremadamente violento Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización del crimen organizado mexicano”, advirtió la EIA sobre el caso de las minas de Querétaro.
Por su parte, ese mismo año, el 2025, la Cámara Minera de México (Camimex) hizo ver que los delitos que afectan al sector de la minería representan cinco por ciento de los costos totales y siete por ciento en mermas, lo que afecta las condiciones de inversión y la competitividad de la industria.
Esto se aúna al grave problema de inseguridad que de tiempo atrás afecta ciertas regiones del territorio nacional donde radica la naturaleza de la industria minera.
“Las minas son un blanco susceptible a la inseguridad (…) tienen que enfrentar delitos de diversa índole, desde el robo en instalaciones hasta el asalto en el transporte de material, pasando por otra amplia gama de ilícitos que afectan a la propiedad y a las personas”, señaló la Camimex en su informe 2025.
El caso de los mineros de Sinaloa, desaparecidos y hallados muertos, es emblemático. Desde abril del 2025, la minera canadiense Vizsla Silver dio la alerta de los graves problemas de inseguridad por los que atravesaba.
El último hecho delictivo obligó a la compañía a suspender temporalmente el Proyecto Pánuco, en la Concordia, donde el pasado 23 de enero se dio el secuestro de los 10 ingenieros.
“Vizsla anuncia que, por precaución y en abundancia de cuidado, ha pausado temporalmente el trabajo de campo en la mina Pánuco debido a las condiciones de seguridad actuales en el área”, informó en un boletín el 4 de abril de 2025.
Todos los reportes de las mineras– y otros más- dejaban ver que el crimen organizado obligó a distintas empresas a suspender temporal o definitivamente sus operaciones en regiones de Guerrero, Sinaloa y Sonora.
En esos estados, la industria padeció robos, extorsiones, cobro de derecho de piso, amenazas y hasta asesinato de su personal ¿Acaso las autoridades esperaban más denuncias públicas para actuar y evitar a tiempo todos estos delitos?
Los criminales, que utilizan hasta avionetas para escapar, según informes de las propias mineras, se han llevado lingotes de oro y plata, así como toneladas de concentrados de zinc y plomo.
En 2019, la empresa Telson Mining lo denunció; en 2021, las mineras Alamos Gold, Consolidated Zinc y Minaurum Gold también lo hicieron ¿Dónde estaban y qué hicieron las autoridades locales y federales para frenar estos atropellos-delitos? Nada, absolutamente nada.
En medio del caos con las mineras, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que más de 200 concesiones mineras que tenían asignadas empresas privadas serán devueltas al Estado mexicano por no encontrarse en producción.
Aseguró que se trata de concesiones que no estaban siendo explotadas, que se trata de evitar que amplias superficies que no están en producción continúen concesionadas y, por supuesto, que se busca mantener la producción de plata y de oro.
“Ellos mismos, voluntariamente, las devuelven; no hay ningún acto de la autoridad, porque de manera voluntaria se regresan a petición -obviamente-, del Estado”, indicó Sheinbaum.
Demasiadas coincidencias entre los casos de alta violencia contra las mineras, el involucramiento del crimen organizado y la decisión del gobierno federal para retomar las concesiones. Este es el México al que nos enfrentamos.
@elmerando
