Sergio León Cervantes
México no está enfrentando un conflicto entre cultura y empresa.
Está enfrentando algo más peligroso: la normalización de la incertidumbre.
Los casos de Xcaret y el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual no son episodios aislados. Son síntomas de un problema estructural: la ausencia de reglas claras para invertir, operar y desarrollar en México. Y eso ya tiene costo.
Hoy el turismo aporta cerca del 8.7% del PIB nacional, y México recibe más de 47 millones de turistas internacionales al año. En ese mapa, Quintana Roo concentra alrededor del 40% del turismo internacional, con más de 25 millones de visitantes. Es uno de los motores económicos del país.
Ahora pongamos números sobre la mesa.
Si apenas el 1% del flujo turístico en Quintana Roo se ve afectado, estamos hablando de 250 mil turistas menos al año. Con un gasto promedio cercano a los 800 dólares, eso representa más de 200 millones de dólares perdidos, es decir, más de 3,400 millones de pesos anuales.
Ese es el costo de la incertidumbre.
En Xcaret, el debate se ha reducido a una travesía simbólica. Ese no es el punto. El verdadero riesgo es otro: ¿qué pasa si mañana se cuestiona el uso del nombre, de la narrativa o de la identidad que sostiene todo un modelo turístico?
Grupo Xcaret recibe más de 1.2 millones de visitantes al año y genera alrededor de 1,600 empleos directos y 6,400 indirectos. Pero su impacto real está fuera de sus instalaciones. Alrededor de esta economía cultural viven miles de personas: artesanos, guías, actores, vendedores, productores de souvenirs y una extensa economía informal.
En destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen, hasta el 45% de la actividad económica local depende de estas cadenas indirectas.
Si esta narrativa entra en una zona de ambigüedad legal, el impacto no es marginal. Con una contracción de apenas 3%, la pérdida puede escalar a más de 10,000 millones de pesos anuales.
Y aquí viene la parte incómoda.
No estamos hablando sólo de grandes empresas.
Estamos hablando del vendedor de la Quinta Avenida, del artesano, del pequeño hotelero.
Si el uso cultural se vuelve incierto, sujeto a permisos ambiguos o a interpretaciones discrecionales, el siguiente paso no es la regulación.
Es la extorsión.
Porque donde no hay reglas claras, alguien empieza a cobrar por permitir.
En Mahahual, la historia es distinta, pero igual de preocupante. El proyecto de Royal Caribbean representa cerca de 1,000 millones de dólares de inversión, una derrama anual estimada en 2,100 millones de pesos, más de 3,000 empleos directos y hasta 10,000 indirectos.
Pero hay algo más que no se está diciendo lo suficiente.
Antes incluso de operar, el inversionista ya ha intervenido en la comunidad: mejora urbana, infraestructura básica, servicios, desarrollo local. Es decir, inversión que históricamente no llegó desde el Estado, pero que hoy llega desde el capital privado.
Y aún así, el proyecto permanece en incertidumbre.
A esto se suman ingresos federales que podrían alcanzar entre 1,300 y 1,800 millones de pesos anuales por derechos a cruceristas.
Hoy, todo eso está en pausa.
No por una negativa clara.
Sino por falta de definición.
Y aquí hay una verdad que México no quiere enfrentar:
No decidir también es destruir valor.
Mientras tanto, el país capta alrededor de 35,000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa. Si sólo el 2% de esa inversión se frena o se retrasa, estamos hablando de más de 700 millones de dólares en riesgo.
Pero el problema va más allá.
Hoy invertir en México ya no es sólo un tema financiero. Ya no es sólo calcular inversión, nómina, permisos e infraestructura. Hoy también implica navegar lo social, lo político, lo cultural y lo ambiental… sin reglas claras.
Y eso cambia todo.
Se habla de nearshoring.
Se habla de crecimiento.
Se habla de desarrollo.
Pero en la práctica, nos estamos poniendo el pie nosotros mismos.
Se habla de justicia social… pero se están tomando decisiones que pueden terminar en injusticia económica.
Se habla de consulta… pero no existe un mecanismo claro, amplio y representativo que dé certeza a todos.
Y mientras tanto, la consecuencia es inevitable:
Menos inversión, menos empleo más informalidad…y más presión social.
Esta no es una pelea de empresas.
No es un tema de regalías.
Es una discusión nacional.
México necesita definir, con urgencia, quién puede autorizar, bajo qué condiciones, con qué beneficios y con qué reglas claras.
Necesita piso parejo.
Necesita certeza.
Porque si seguimos así, el costo no lo pagarán Xcaret ni Royal Caribbean.
Lo pagarán millones de mexicanos.
Y entonces, lo que hoy llamamos regulación… terminará siendo, en la práctica, extorsión.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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