- Los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial oscilan de 38 mil a 40 mil en Quintana Roo.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo informó que 96 por ciento de la plantilla laboral del estado presentó su declaración patrimonial actualizada.
La base general de los empleados que están obligados a dar cuenta de su modificación oscila de 38 mil a 40 mil trabajadores, al cierre del 31 de mayo pasado.
La titular de la dependencia estatal, Reyna Arceo Rosado, señaló que aun cuando la meta es el cumplimiento total del personal, la cifra final se perfila para ser similar a la del ejercicio anterior, que también rondó en 96 por ciento.
La funcionaria recordó que el marco legal establece procedimientos específicos para quienes omitan este trámite o presenten inconsistencias.
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En una primera instancia, la secretaría otorga un plazo de 60 días para que los servidores públicos solventen cualquier falla o entreguen la documentación adicional requerida.
De no regularizarse la situación, los casos proceden a una fase de investigación para determinar la gravedad de la falta y las posibles sanciones, que pueden ir desde una amonestación hasta la inhabilitación del ejercicio público.
En 2025, cerca de 5 mil trabajadores entraron en la fase de solventación de 60 días; de ese grupo, hubo 3 mil que regularizaron su situación o se confirmó que estaban en proceso de baja, y los 2 mil restantes procedieron a la fase de investigación y sanción.
Para este año, la secretaria indicó que lo más probable es que nuevamente cerca de 2 mil trabajadores entren en este periodo de prórroga legal, particularmente por procesos de baja o temas legales pendientes con el gobierno del estado.
Caso Roberto Borge
Respecto a la absolución que se decretó en uno de los procesos legales del exgobernador Roberto Borge Angulo, por el delito de delincuencia organizada, la funcionaria estatal aclaró que el seguimiento del caso ya no compete directamente a la secretaría anticorrupción, sino a la fiscalía del estado.
Señaló que el gobierno estatal presentó todas las pruebas y expedientes en su momento, por lo que ahora corresponde a la autoridad ministerial proceder con la acusación que queda pendiente por el delito de lavado de dinero.
