- La Suprema Corte determinó que los delitos relacionados con el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, no pueden considerarse prescritos al estar vinculados con graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- A 16 años de una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a colocar el caso de la Guardería ABC en el centro del debate nacional. Este jueves, por mayoría de votos, los ministros determinaron que los delitos relacionados con el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, no pueden considerarse prescritos al estar vinculados con graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños.
La resolución no implica nuevas condenas inmediatas ni modifica las sentencias ya dictadas, pero sí mantiene abierta la posibilidad de continuar investigando y sancionando a quienes aún pudieran tener responsabilidad en los hechos. Para los padres y madres de las víctimas, la decisión representa un reconocimiento de que la búsqueda de justicia sigue inconclusa.
La determinación del máximo tribunal revive uno de los episodios más desgarradores de la vida pública mexicana. Aquella tarde de junio de 2009, un incendio originado en una bodega contigua utilizada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora se propagó hacia la Guardería ABC, una estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El fuego y el humo atraparon a decenas de menores dentro de las instalaciones.
El saldo fue devastador: 49 niñas y niños fallecieron y más de un centenar resultaron lesionados, muchos de ellos con secuelas permanentes. Las imágenes de padres desesperados intentando rescatar a sus hijos y las historias de sobrevivientes marcaron para siempre la memoria colectiva del país.
Las investigaciones posteriores revelaron una cadena de irregularidades que transformó una emergencia en una tragedia de dimensiones nacionales. El expediente documentó deficiencias en las medidas de protección civil, fallas en las salidas de emergencia, materiales altamente inflamables, omisiones en las inspecciones y una supervisión deficiente por parte de diversas autoridades.
Con el paso de los años, la responsabilidad penal se concentró en funcionarios de nivel operativo, supervisores y propietarios de la guardería. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, el proceso judicial nunca alcanzó a quienes consideran responsables políticos de las decisiones que permitieron la operación de una estancia infantil en condiciones inseguras.
En un principio, las investigaciones derivaron en procesos contra más de una veintena de personas. Algunas recibieron condenas por homicidio y lesiones culposas, pero posteriormente diversos recursos legales, amparos y revisiones judiciales redujeron significativamente las penas impuestas.
Las reducciones de condenas generaron indignación entre los colectivos de padres, quienes durante más de una década han sostenido que la justicia mexicana fue incapaz de responder con proporcionalidad a la magnitud de la tragedia. Varias de las sentencias que originalmente alcanzaban más de 20 años de prisión terminaron reducidas a poco más de cinco años.
La controversia también alcanzó el terreno político. A lo largo de los años surgieron señalamientos sobre presuntas presiones para evitar que funcionarios de alto nivel fueran llevados ante los tribunales. En 2022, declaraciones del entonces ministro Arturo Zaldívar sobre una supuesta “operación de Estado” para proteger a personajes influyentes reavivaron una discusión que nunca ha desaparecido completamente del debate público.
Por ello, la decisión adoptada este jueves por la Suprema Corte tiene un significado que va más allá de lo jurídico. El fallo envía el mensaje de que las violaciones graves a los derechos humanos de la niñez no pueden quedar sepultadas por el paso del tiempo y que la obligación del Estado de investigar permanece vigente.
