- Con un retraso de año y tres meses, el Congreso de Quintana Roo acató finalmente el mandato de la Suprema Corte al aprobar las reformas al Código Civil que eliminan la obligatoriedad de presentar certificados médicos para contraer matrimonio.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Con un retraso de año y tres meses, el Congreso de Quintana Roo acató finalmente el mandato de la Suprema Corte al aprobar las reformas al Código Civil que eliminan la obligatoriedad de presentar certificados médicos para contraer matrimonio.
Además, se suprimen el modelo de interdicción contra personas con discapacidad.
El Poder Legislativo local concretó de manera extemporánea el cumplimiento de la Acción de Inconstitucionalidad 29/2024, la cual fue resuelta e informada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el 10 de marzo de 2025.
A pesar de que la notificación oficial y su difusión pública se realizaron en junio de ese mismo año, la minuta permaneció sin ser votada por los diputados locales hasta este periodo extraordinario de sesiones de 2026.
Con la aprobación de este dictamen, se deroga formalmente el requisito obligatorio de exhibir certificados médicos sobre enfermedades crónicas, contagiosas o hereditarias.
Así como los impedimentos legales relacionados con adicciones, condiciones de salud o impotencia física que restringían el derecho al matrimonio en la entidad.
En su lugar, el Registro Civil implementará pláticas orientativas de carácter estrictamente voluntario sobre salud integral y prevención de la violencia, especificando que la inasistencia no impedirá el trámite nupcial.
La reestructuración técnica retira del marco jurídico estatal los artículos 383 (incisos b y c) y 700 (fracción XI), además de modificar porciones de los artículos 529, 682, 770, 779 y 780.
Estas disposiciones normativas previas fueron consideradas invasivas y violatorias de los derechos humanos por la anterior integración de la SCJN, al determinar que vulneraban la autonomía de los ciudadanos y estigmatizaban a las personas con discapacidad.
A partir de estas modificaciones, el Código Civil del estado transita formalmente hacia un “modelo de apoyos y salvaguardias” basado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Con ello, se reconoce la capacidad jurídica plena de los contrayentes en igualdad de condiciones, obligando a las autoridades judiciales y administrativas a agotar ajustes razonables y proveer sistemas de comunicación alternativos antes de presumir la inexistencia de la voluntad de una persona.
Durante la sesión, Alexa Murguía Trujillo, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio lectura al dictamen de la Comisión de Justicia, el cual incorporó formalmente los resultados de una consulta pública, previa e informada, realizada a personas con discapacidad y organizaciones civiles durante el transcurso de este año 2026 para validar legalmente el proceso legislativo.
