- Uno de cada tres habitantes de la zona metropolitana de Cancún e Isla Mujeres no tiene certeza jurídica sobre el suelo donde vive.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Uno de cada tres habitantes de la zona metropolitana de Cancún e Isla Mujeres —alrededor de 240 mil personas, agrupadas en 60 mil familias— no tiene certeza jurídica sobre el suelo donde vive.
La doctora Christine McCoy, profesora investigadora de la Universidad del Caribe (Unicaribe), presentó los resultados de un diagnóstico que sitúa la irregularidad como un fenómeno estructural y no como un problema reciente.
Durante la instalación del Comité Estatal de Regularización de Asentamientos Humanos, precisó que la investigación distingue dos fenómenos que suelen confundirse bajo la misma etiqueta.
Por un lado, colonias formadas por población migrante de bajos ingresos que llegó buscando vivienda y terminó asentándose sin otra alternativa.
Por el otro, desarrollos inmobiliarios nacidos de la especulación de fraccionadores y ejidatarios que venden lotes sin servicios básicos ni autorización urbana.
Christine McCoy ejemplificó esta segunda dinámica con un dato contundente, desde 1986 existen 135 fraccionamientos en el estado que nunca obtuvieron su acta de municipalización.
De acuerdo con el análisis histórico presentado, la raíz del problema se remonta a la fundación misma de Cancún en 1970, cuando los trabajadores de la construcción se asentaron en campamentos improvisados, sin ningún tipo de planeación urbana.
Esa lógica de crecimiento espontáneo no se corrigió con el tiempo; para 2020, la ciudad ya había multiplicado por 14.5 veces su superficie original, muy por encima de lo que contemplaban los planes maestros diseñados para ordenar su expansión.
La investigadora identificó tres tipos de riesgo derivados de esta irregularidad. En el plano sanitario y económico, las familias asentadas en estas zonas quedaron completamente expuestas durante crisis como la pandemia de COVID-19.
Además de enfrentar fraudes inmobiliarios —predios vendidos hasta dos o tres veces— y nulo acceso a crédito formal.
En el terreno ecológico, el daño ya es medible; solo en 2019 fueron clausurados 11 desarrollos que ocupaban 601 hectáreas y afectaban a más de 48 mil personas.
Y en el ámbito de la seguridad, la falta de presencia policial en estas colonias se ha traducido en violencia: una de ellas encabezó las estadísticas estatales de violencia doméstica en 2021.
José Alberto Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), informó que un primer corte preliminar ubica en 370 los asentamientos irregulares en el estado.
Una cifra que -advirtió- podría duplicarse una vez que concluya una revisión más detallada.
Benito Juárez concentra la mayor parte, con 150 asentamientos, seguido por Isla Mujeres con 91, Othón P. Blanco con 37 y Puerto Morelos con 16.
El funcionario calificó estas zonas como “tierra de nadie”, en referencia a la falta de ordenamiento que ahí prevalece y que, dijo, ha abierto paso a problemáticas como la violencia doméstica, la delincuencia y la trata de personas.
Coincide con los riesgos de inseguridad que la propia investigación de la Unicaribe ya había documentado.
Para Christine McCoy, el fracaso de cinco décadas de intentos no se explica por ausencia de leyes, sino por la falta de un sistema capaz de integrar la información.
“La información está fragmentada, cada municipio maneja datos distintos y las soluciones siempre han sido reactivas en lugar de preventivas, actuando cuando el asentamiento ya alberga a miles de habitantes”, señaló.
A partir de ese diagnóstico, planteó cuatro ejes para una solución integral, un Observatorio estatal de asentamientos irregulares dirigido por la academia y con capacidad de incidir en política pública.
Así como inventario único estatal, actualizado de forma continua y con sistema de alertas tempranas e investigación aplicada que permita entender causas y tendencias; y asesoría técnica permanente a los municipios.
