- El Gobierno de Veracruz endureció su ofensiva contra las presuntas redes de despojo de inmuebles al confirmar el cierre de tres notarías públicas que son investigadas por posibles irregularidades relacionadas con el denominado ‘Cártel Inmobiliario’.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- El Gobierno de Veracruz endureció su ofensiva contra las presuntas redes de despojo de inmuebles al confirmar el cierre de tres notarías públicas que son investigadas por posibles irregularidades relacionadas con el denominado “Cártel Inmobiliario”.
Es una estructura que, de acuerdo con las autoridades estatales, habría operado mediante anomalías en trámites notariales y operaciones de compraventa de propiedades.
La gobernadora Rocío Nahle García informó que las clausuras forman parte de las investigaciones que encabeza la Secretaría de Gobierno, a cargo de Ricardo Ahued Bardahuil, con el propósito de brindar certeza jurídica a los propietarios y frenar posibles actos de corrupción en el ejercicio de la función notarial.
De acuerdo con la mandataria, una de las notarías intervenidas se ubica en la zona sur del estado y las revisiones continuarán en distintas regiones de Veracruz.
Nahle García señaló que las denuncias por presuntos despojos de inmuebles no se limitan a Xalapa, sino que se han presentado en diversos municipios.
El gobierno estatal mantiene auditorías y revisiones a fedatarios públicos para detectar posibles incumplimientos legales y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.
Las autoridades no dieron a conocer la identidad de las notarías suspendidas ni de los notarios involucrados, al precisar que las investigaciones siguen en curso y deberán agotarse conforme al debido proceso.
Sin embargo, reiteraron que no habrá protección para quienes hayan incurrido en irregularidades que afecten el patrimonio de las familias veracruzanas.
El secretario de Gobierno ha sostenido previamente que la estrategia contempla inspecciones permanentes al funcionamiento de las notarías del estado, además de la revisión de procedimientos que en el pasado facilitaron operaciones irregulares relacionadas con contratos privados y transferencias de propiedad.
Este caso se ha convertido en uno de los frentes más relevantes de la administración estatal en materia de combate a la corrupción, al involucrar presuntas redes dedicadas al despojo de bienes inmuebles.
Lo hacen mediante la utilización de documentos notariales, falsificación de actos jurídicos y otras prácticas que actualmente son investigadas por las autoridades ministeriales y administrativas.
De confirmarse responsabilidades, los fedatarios involucrados podrían enfrentar sanciones administrativas, la pérdida de la patente notarial y, en caso de acreditarse conductas delictivas, procedimientos penales conforme a la legislación vigente.
