- El máximo tribunal del país invalidó los decretos a través de los cuales el Congreso del Estado decidió la suspensión de funciones del ayuntamiento de San Martín Itunyoso y nombró un encargado de despacho.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La violencia, los asesinatos políticos y la ausencia de condiciones mínimas de gobernabilidad han dejado a decenas de municipios del país sin autoridades legítimas, con estructuras institucionales suspendidas o reemplazadas por figuras provisionales fuera del marco legal. Uno de los casos más representativos es el de San Martín Itunyoso, en Oaxaca, donde desde hace dos años no hay alcalde, cabildo ni policía municipal en funciones.
El municipio, regido por usos y costumbres, fue intervenido tras una serie de conflictos internos y asesinatos, entre ellos la ejecución del síndico Andrés Guzmán Rodríguez el 17 de octubre de 2023, en un contexto de disputa por el control de obras públicas y presupuesto local. Ante la escalada de violencia, el Congreso de Oaxaca decretó la suspensión del ayuntamiento y nombró un encargado de despacho, medida respaldada por el cabildo municipal, pero que no respetó el régimen de autonomía indígena.
La decisión fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante una controversia constitucional, resuelta esta semana en contra del Congreso. El máximo tribunal anuló tanto el decreto de suspensión como el nombramiento del encargado, al considerar que no se siguieron los procedimientos establecidos para gobiernos regidos por usos y costumbres, como la figura de “terminación anticipada del mandato”, prevista en su marco normativo.
Según la SCJN, la suspensión fue una medida provisional sin plazos definidos, sin garantías de audiencia y sin respeto a la libre determinación de la comunidad indígena. La sentencia establece que el Congreso aplicó mecanismos diseñados para municipios con partidos políticos, sin considerar los canales propios de la gobernanza comunitaria.
Este caso refleja un fenómeno creciente en el país: la ingobernabilidad municipal causada por violencia y crimen organizado. De acuerdo con reportes de organizaciones civiles y autoridades federales, al menos en 15 estados de la República se han documentado casos similares, donde alcaldes han huido, cabildos han desaparecido y los congresos estatales han improvisado figuras como “comisionados” o “administradores provisionales”, muchas veces sin sustento legal claro.
Entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán concentran el mayor número de municipios con vacíos de poder. En algunos de ellos, la inseguridad ha obligado a las autoridades a renunciar o solicitar licencias indefinidas. En otros, los gobiernos locales han sido cooptados o desplazados por grupos criminales o caciques regionales.
El gobierno federal ha reconocido la existencia de zonas con ausencia formal de autoridad, particularmente en regiones rurales e indígenas donde el crimen organizado o la violencia política han generado condiciones de colapso institucional.
La SCJN ha reiterado que la desaparición de ayuntamientos solo puede aplicarse en casos graves, bajo procesos previamente establecidos y garantizando los derechos de representación y audiencia de las comunidades. No obstante, en la práctica, la violencia ha alterado los equilibrios del federalismo municipal, forzando soluciones de emergencia que no siempre respetan los marcos constitucionales.
San Martín Itunyoso se ha convertido así en símbolo de una crisis más amplia: la del debilitamiento del gobierno local frente al crimen, la ineficacia institucional y la incapacidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos democráticos en comunidades enteras del país.
