Sergio León Cervantes
La certeza jurídica no se proclama: se construye con diseño institucional, coherencia normativa y límites claros al poder. Cuando alguno de estos elementos falla, el impacto no es sólo jurídico; es económico, social y político.
México atraviesa una reconfiguración profunda de su sistema judicial. El eje de esta transformación es claro: democratización, rendición de cuentas, rotación de cargos y contención de la concentración de poder. Sin embargo, no todas las entidades han leído este momento histórico de la misma manera.
En Quintana Roo, el diseño legal vigente permite que la Presidencia del Poder Judicial pueda ejercerse hasta por doce años consecutivos. Doce años de control administrativo, presupuestal y de conducción institucional en un solo órgano. Jurídicamente puede sostenerse. Institucionalmente, es una anomalía frente al nuevo paradigma judicial del país. La estabilidad institucional no es sinónimo de permanencia personal.
La comparación es inevitable. En la mayoría de los poderes judiciales estatales y en el ámbito federal, las presidencias son rotativas, de corta duración y con contrapesos internos diseñados para evitar la captura institucional. La razón es simple: la independencia judicial no se fortalece concentrando poder, sino distribuyéndolo.
A esta concentración se suma una segunda grieta: la legitimidad democrática incompleta. En un contexto donde se impulsaron elecciones de juzgadores, el cargo más relevante del Poder Judicial no fue sometido a ese ejercicio. Democratizar parcialmente la justicia no genera certeza; genera ambigüedad. Y la ambigüedad es el peor enemigo del Estado de derecho.
Este debate no es local ni aislado. No es casualidad que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, haya promovido acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuestionando el diseño del Poder Judicial en sólo dos de las 32 entidades del país. Cuando el propio Estado mexicano lleva un tema de esta naturaleza al máximo tribunal, el mensaje es inequívoco: existen riesgos estructurales que ameritan revisión constitucional.
El problema no es una persona. Es el sistema. Un diseño que permite presidencias prolongadas, sin refrendo ciudadano y con amplias facultades internas, abre la puerta —real o percibida— a presiones, influencias informales y pérdida de confianza. La independencia judicial no se rompe únicamente con órdenes escritas; también se erosiona cuando la arquitectura institucional permite la sospecha.
Las consecuencias económicas están documentadas. El Banco Mundial ha señalado que la falta de certeza jurídica puede reducir hasta 30% la inversión privada de largo plazo. El World Justice Project ubica a México con rezagos en percepción de independencia judicial, un factor determinante para la inversión extranjera directa. Cuando la justicia genera dudas, el capital simplemente busca otros destinos.
Ejemplos recientes lo confirman. En Jalisco, durante el segundo trimestre de 2024, la Inversión Extranjera Directa cayó 64.6 %, al registrar apenas 95.5 millones de dólares, una de las caídas trimestrales más severas del país. Analistas coincidieron en que la incertidumbre institucional y legal fue un factor determinante. No fue falta de infraestructura ni de talento; fue percepción de riesgo.
Para dimensionar el impacto: cada 100 millones de dólares de IED generan en promedio entre 2,000 y 3,000 empleos directos e indirectos, además de derrama fiscal y encadenamientos productivos. Cuando la inversión se frena, el efecto alcanza al empleo, a la recaudación y al crecimiento regional.
Quintana Roo, cuya economía depende de la confianza —turismo, bienes raíces, inversión extranjera, logística—, no puede darse el lujo de enviar señales contradictorias. Los inversionistas no buscan jueces cercanos al poder político; buscan tribunales predecibles, técnicos e independientes. La concentración prolongada, la falta de elección y los diseños ambiguos no generan estabilidad: generan duda.
El verdadero riesgo no es legal, es institucional. La justicia puede ser formalmente válida y, aun así, profundamente frágil en términos de legitimidad. Y cuando la justicia pierde equilibrio, el Estado pierde confianza. Sin límites claros al poder, no hay certeza jurídica; y sin certeza jurídica, no hay desarrollo sostenible.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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