José Réyez
Hay cifras que deberían helar la sangre de cualquier nación: 103 mil 522 personas desaparecidas en México desde 2006. Pero la verdadera tragedia no está en los números, sino en lo que revelan: un Estado que ha abdicado de su función más elemental, proteger a los ciudadanos, para convertirse en un laberinto de complicidades, omisiones y, en demasiados casos, participación directa en el horror.
La investigación de Lene Guercke, Failure of the State (2025), no es un libro más sobre la crisis de desapariciones en México. Es una autopsia jurídica y social de un país donde la línea entre autoridades y criminales se ha vuelto tan borrosa que el derecho internacional —ese conjunto de normas pensado para proteger a los más vulnerables— resulta insuficiente para nombrar lo innombrable.
El problema de fondo es estructural y tiene raíces profundas. Como recuerda el testimonio que abre la obra: “Esto no es algo novedoso (…), ya tiene rato así enraizado en el territorio y en el actuar de las autoridades”.
De la guerra sucia de los setenta a la guerra contra el narco de Calderón, el patrón se repite: el Estado desaparece, ya sea por acción directa o por esa forma perversa de aquiescencia que consiste en mirar hacia otro lado mientras los cárteles siembran fosas clandestinas.
La Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas estableció en 2006 que los Estados deben investigar también las desapariciones cometidas por particulares.
Pero, como señala Guercke, ese artículo dejó un vacío: ¿qué obligaciones específicas tienen los Estados cuando quienes desaparecen son grupos criminales que operan con su tolerancia o su incapacidad crónica para frenarlos?
El resultado es un limbo legal donde las víctimas de los cárteles quedan en tierra de nadie, mientras el Estado se escuda en su propia ineficacia para eludir responsabilidades.
México es experto en fabricar leyes que suenan bien sobre el papel. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017, la Ley General de Víctimas de 2013, mecanismos internacionales, recomendaciones…
Pero la realidad es tozuda: sólo 22 condenas federales por desaparición forzada entre 2006 y 2023, Frente a más de 103,000 desaparecidos. La impunidad no es una excepción, es la regla.
Y mientras los juicios se eternizan y las fiscalías se ahogan en burocracia, las madres salen al campo con picos y palas. Más de 80 colectivos de búsqueda forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Ellas han localizado fosas que el Estado no buscaba, exhumado restos que el Estado ignoraba, desarrollado capacidades forenses que el Estado no tiene. “Con o sin ustedes, lo vamos a hacer, porque estamos cansadas”, dijeron. Esa frase debería ser la denuncia más brutal contra un sistema que ha externalizado en las víctimas la obligación que le es propia.
Pero incluso cuando encuentran, el horror continúa. Más de 72,100 cuerpos sin identificar yacen en servicios forenses colapsados. En Jalisco, durante años cremaron cadáveres sin tomar muestras de ADN.
En 2018, 444 cuerpos se almacenaban en camiones refrigerados por falta de espacio. La crisis forense no es un accidente: es una máquina de producir desapariciones administrativas, una segunda muerte para quienes ya fueron arrebatados a sus familias.
El derecho internacional de los derechos humanos sirve, como reconocen los propios activistas, para presionar, para legitimar exigencias.
El caso Ayotzinapa y la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que la presión internacional puede forzar respuestas. Pero también revelaron sus límites: la participación de policías municipales, estatales, federales y militares en coordinación con Guerreros Unidos puso en evidencia que la desaparición en México es un fenómeno híbrido, donde Estado y crimen organizado se confunden en una misma trama de terror.
La pregunta incómoda que plantea Guercke es si lo que ocurre en México debería ser calificado como crimen de lesa humanidad.
El Estatuto de Roma habla de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. La violencia en ciertas regiones, los patrones de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales, y la impunidad estructural podrían encajar.
Pero el gobierno mexicano rechaza esa caracterización: la violencia, argumenta, es producto del crimen organizado, no del Estado. Sin embargo, cuando las fuerzas de seguridad están infiltradas, cuando los territorios están fuera de control, cuando la impunidad es la norma, ¿puede realmente el Estado desligarse de lo que ocurre?
Quizás el derecho internacional de los derechos humanos, concebido para responsabilizar a Estados que cometen violaciones directas, no está equipado para capturar esta realidad más compleja: la de un Estado que no desaparece directamente, pero lo permite, que no mata, pero no investiga, que no oculta cuerpos, pero los deja pudrirse en fosas comunes sin identificar.
Guercke sugiere explorar conceptos como “negligencia grave del Estado” o “temeridad estatal”. Tal vez necesitemos nuevas categorías jurídicas para nombrar esta forma de fracaso que es, a la vez, omisión y acción, incapacidad y decisión política.
México tiene una deuda imprescriptible con sus desaparecidos. Una deuda que no se salda con leyes ni instituciones si no van acompañadas de voluntad real.
Mientras tanto, las madres seguirán buscando en los campos, los padres en las fiscalías, los hijos creciendo sin respuestas.
Y el Estado seguirá siendo, como dice una entrevistada en el libro, “un Estado fallido donde quiere serlo y donde necesita serlo, y donde no, no lo es”.
El abismo de los desaparecidos no es sólo una crisis humanitaria. Es el espejo donde México debería mirarse para reconocer lo que ha llegado a ser: un país donde la vida vale tan poco que desaparecer se ha convertido en política de tierra arrasada.
Y mientras el derecho internacional busque nombres para este horror, las familias seguirán excavando la tierra con las manos, recordándonos que la única verdad que vale es la que se encuentra.
