Zósimo Camacho
La madrugada del pasado jueves 19 de marzo, la defensora del territorio Nazareth Cortés Velasco, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam, Oaxaca, fue asesinada en un ataque armado ocurrido a las 4:30 horas. En la agresión también resultó herida su hija.
Nazareth era la voz autorizada de su comunidad, la representante legal de un ejido que, como tantos en México, ha resistido durante años el embate de intereses económicos que ven en la tierra un negocio, no un hogar.
Apenas 10 días antes de su asesinato, el 9 de marzo, Nazareth había encabezado una jornada de Ordenamiento Territorial Comunitario en el paraje Barranca Escarbada, al oriente de la región de Valles Centrales, donde junto con su comunidad colocó cámaras trampa para monitorear la fauna silvestre, en un esfuerzo claro por combatir la caza ilegal de especies como el venado. Ese tipo de acciones, en apariencia técnicas, son en realidad actos de resistencia profunda: defender el territorio implica también defender lo vivo que lo habita.
La comunidad de San Pedro Totolápam ha sido asediada durante años por proyectos extractivistas. Ahí se asentó la empresa estadunidense Gold Resource Corporation, que explota oro y otros minerales en las minas El Águila y Arista, denunciada por sus propios trabajadores por violaciones a sus derechos laborales, incluida la falta de pago de utilidades. A ello se suma la imposición, denunciada por el ejido, de un centro de residuos sólidos operado por las autoridades estatales, que desde hace años ha provocado reclamos de comunidades vecinas por afectaciones a la salud y daños irreversibles a la naturaleza.
El asesinato de Nazareth Cortés Velasco, sin embargo, no es un hecho aislado. Ocurrió a poco más de una semana del atentado contra el ambientalista y defensor del territorio en Nayarit, Erik Saracho Aguilar, quien sobrevivió a las balas, luego de las amenazas que ya venía enfrentando por su labor. Ambos casos son la fotografía de un país donde defender la tierra, el agua, la biodiversidad o el propio territorio se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Y en ese mapa de riesgo, Oaxaca ocupa un lugar particularmente sombrío.
Según informes de Global Witness y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Oaxaca es actualmente uno de los estados más peligrosos para las mujeres defensoras del territorio. Lidera las estadísticas nacionales en agresiones y asesinatos. Uno de los casos más escandalosos es el de Irma Galindo, defensora mixteca que denunció el desplazamiento forzado de su comunidad y que fue desaparecida en 2021, sin que hasta hoy exista indicio alguno de su paradero. No se trata de violencia esporádica, sino de una maquinaria sistemática.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentó que, entre octubre de 2020 y septiembre de 2025, en Oaxaca se registraron 1 mil 383 agresiones contra 321 defensoras y 22 organizaciones. La violencia escala desde el hostigamiento y la criminalización hasta la desaparición forzada, particularmente cuando las mujeres se oponen a megaproyectos extractivos, desarrollos turísticos o la explotación de recursos naturales en comunidades indígenas.
La cifra adquiere otra dimensión cuando se contrasta con los datos estructurales del campo mexicano. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, actualizado al 31 de diciembre de 2024, en México existen 32 mil 261 núcleos agrarios: 29 mil 836 ejidos y 2 mil 425 comunidades agrarias. Del total de ejidatarios y comuneros, apenas el 39.62 por ciento son mujeres. No obstante que son ellas quienes con mayor frecuencia se quedan al frente de las tierras ante la migración de los hombres, los derechos agrarios siguen siendo mayoritariamente conservados por varones.
Y de esos 32 mil 261 núcleos agrarios, apenas 2 mil 054 están encabezados por mujeres como presidentas del Comisariado Ejidal o del Comisariado de Bienes Comunales. Es decir, a pesar de que las mujeres representan casi el 40 por ciento de las personas con derechos agrarios (ejidatarias y comuneras), únicamente seis de cada 100 núcleos agrarios en México están encabezados por una mujer. Esta brecha evidencia la profunda desigualdad en los espacios de toma de decisión dentro del campo mexicano.
Esto significa que Nazareth Cortés Velasco no sólo era defensora del territorio, sino que además ejercía un cargo que sigue siendo una excepción en el mundo agrario mexicano. Ser mujer y presidenta ejidal en un contexto de violencia extractiva es, por sí mismo, un acto de valentía que convierte a quien lo ostenta en blanco.
Ante este nuevo feminicidio vinculado a la defensa del territorio, la Red de Mujeres Agraristas –integrada por 25 organizaciones con presencia en las 32 entidades federativas– emitió un pronunciamiento en el que exige al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum investigación, verdad y justicia. Esa exigencia debería ser ineludible no sólo para las autoridades, sino para toda la sociedad. Cuando matan a una presidenta ejidal que colocaba cámaras para proteger venados mientras su comunidad era rodeada por concesiones mineras y rellenos sanitarios, el mensaje es claro: hay intereses que no toleran que las mujeres decidan sobre su tierra.
La pregunta que queda, mientras Oaxaca encabeza las estadísticas de agresiones contra defensoras y los casos de Irma Galindo y Nazareth Cortés se suman a una larga lista de impunidad, es si este gobierno, encabezado por primera vez por una mujer, estará a la altura de la exigencia de justicia para quienes, como Nazareth, murieron por defender lo que es de todas y todos: el territorio.
El colofón del pronunciamiento de la Remuag es contundente: “Como mujeres, nos pronunciamos con rabia, con dolor, con impotencia; pero alzamos la voz con fuerza digna. Exigimos justicia plena: castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen, y garantías reales para la protección de las mujeres que defendemos los territorios de vida”.
