- De los nueve casos más relevantes que han llegado a la Suprema Corte, el Gobierno ha tenido una victoria clara (en reforma de Hidrocarburos) y los opositores cuatro (PANAUT, Guardia Nacional, Plan B 1 y Plan B 2); el resto han sido empates técnicos.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- El paso de la Cuarta Transformación por el poder durante los últimos siete años no sólo se ha medido en votos o reformas aprobadas en el Congreso, sino también en la intensidad de las batallas jurídicas libradas en los tribunales. En ese terreno, el balance jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las principales reformas impugnadas por la oposición muestra un escenario menos contundente de lo que sugieren los discursos políticos.
De los nueve casos más relevantes que llegaron a la anterior Corte encabezada por la ministra Norma Piña, el resultado no fue una victoria absoluta para alguna de las partes, sino un mosaico de resoluciones que, todavía hoy con la nueva integración del Pleno del máximo tribunal, reflejan tensiones estructurales entre poder político y control constitucional.
Hasta ahora, el balance general arroja una distribución clara: Gobierno (victorias claras): 1 caso (Hidrocarburos); oposición y particulares (victorias claras): 4 casos (PANAUT, Guardia Nacional, Plan B 1 y Plan B 2); resultados mixtos o empates técnicos: 4 casos (Remuneraciones, Extinción de Dominio, Reforma penal-fiscal, Reforma eléctrica).
Este reparto evidencia que la disputa no se ha resuelto en términos absolutos, es provisional, ya que en la agenda de la propia Corte hay otros asuntos clave derivados de la misma lógica de confrontación pendientes de resolver.
El primer caso, la Ley de Remuneraciones de 2018, marcó el tono de lo que vendría. La Corte no anuló el objetivo de austeridad, pero sí obligó a rehacer la norma e impulsar otra serie de reformas para obligar a la homologación del salario tope del titular del Poder Ejecutivo, para el resto de los funcionarios públicos. En el caso del Poder Judicial, ministros, magistrados y jueces se negaron a ajustar su salario a través de una avalancha de amparos, hasta que vino la reforma judicial que obligó a ajustarlo a lo que manda la Constitución.
En términos prácticos, puede considerarse un resultado compartido en el caso en concreto: el gobierno mantuvo su política, pero bajo condiciones impuestas por el tribunal. Un empate técnico que inauguró la dinámica de correcciones judiciales.
Algo similar ocurrió con la Ley de Extinción de Dominio. Aunque la oposición logró que se invalidaran algunos excesos, el instrumento central sobrevivió. Aquí, el gobierno obtuvo una victoria parcial, al conservar la esencia de la reforma, mientras que la oposición consiguió acotar sus alcances.
En contraste, la reforma penal-fiscal de 2019 representó una derrota más clara para el Ejecutivo en uno de sus componentes clave. La Corte frenó la intención de equiparar delitos fiscales con delincuencia organizada, lo que puede leerse como una victoria para los impugnantes, aunque no total, ya que el esquema general de combate a la evasión permaneció vigente.
El caso de la Ley de la Industria Eléctrica evidencia la complejidad de esta disputa. Formalmente, el gobierno evitó la invalidez total de la reforma al no alcanzarse los votos necesarios en el Pleno. Sin embargo, en los amparos promovidos por particulares, varias disposiciones fueron declaradas inconstitucionales. El resultado: una victoria dividida, donde ambos bandos pueden reclamar triunfos parciales, pero ninguno un control absoluto.
La Ley de Hidrocarburos, por su parte, representa uno de los pocos triunfos claros del Ejecutivo. A pesar de las impugnaciones, la Corte validó el núcleo de la reforma, consolidando la política energética del gobierno. En este caso, la oposición no logró revertir la decisión legislativa.
Distinto fue el desenlace del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Aquí, la Corte invalidó completamente la reforma, en lo que constituye una derrota total para el gobierno y una victoria contundente para la oposición y los órganos autónomos que promovieron la acción.
La misma lógica se repitió en el caso de la Guardia Nacional. El intento de trasladar su control a la Sedena fue frenado por la Corte, que reafirmó el mandato constitucional de un mando civil. Este fallo se suma a la lista de reveses importantes para el Ejecutivo en temas de seguridad.
El punto más crítico llegó con el “Plan B” electoral. En sus dos decretos, la Corte decidió invalidar completamente las reformas, no por su contenido, sino por violaciones graves al procedimiento legislativo. Estas resoluciones representan las derrotas más significativas para la 4T en el ámbito judicial, al anular por completo un paquete de cambios estructurales.
