Zósimo Camacho
Nahuas, purépechas, wixaritari, tzeltales, triquis… Pueblos, tribus y naciones originarias de toda la geografía mexicana viven un recrudecimiento de la violencia. Lejos de los reflectores de los medios de comunicación, relegadas en la agenda política, decenas de comunidades enfrentan despojo territorial y desplazamiento forzado. No son casos aislados. La estrategia, sistemática en los cuatro puntos cardinales del país, busca despojarles de sus tierras, romper sus sistemas de justicia comunitaria y silenciar a quienes defienden el territorio. Detrás de cada ataque, de cada bala y de cada dron-bomba hay un hilo invisible que conecta intereses económicos con los brazos armados del crimen organizado y funcionarios corruptos.
Los hechos son contundentes. Apenas hace un par de semanas dimos cuenta de los ataques contra las comunidades nahuas de Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Tula, municipio de Chilapa, Guerrero, integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ). Fueron objeto de una violencia pocas veces vista, perpetrada por el cártel criminal de Los Ardillos, con saldos de cinco indígenas asesinados, cientos de heridos, el desplazamiento de 2 mil personas y la destrucción parcial de las comunidades antes señaladas. El ingreso del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a la zona hizo cesar las embestidas, pero no se detuvo a los delincuentes. El despojo y la impunidad persisten.
A dichos ataques deben agregarse los recientes lanzamientos de drones-bomba, también por parte del grupo criminal de Los Ardillos, en contra de la comunidad me’phaa de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero. El grupo delincuencial asesinó a dos y provocó el desplazamiento de cientos de personas.
Esta semana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) arremetió contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Aquila, Michoacán. El pasado martes 19 de mayo, un comando fuertemente armado intentó tomar la Encargatura de la Cofradía de Ostula. La Guardia Comunal repelió el ataque durante casi una hora; lograron el repliegue, pero los criminales siguieron disparando desde las afueras de Coahuayula. No hubo muertos ni heridos, pero el mensaje fue claro: quieren quebrar la resistencia indígena.
En el mismo Michoacán, tan sólo dos días antes, el domingo 17 de mayo, la comunidad purépecha de Santa María Sevina, en Nahuatzen, fue emboscada. Perdieron la vida Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero, integrantes de la Ronda Comunal; otro comunero está grave. También el 6 de mayo, en Acachuén, municipio de Chilchota, un comando del CJNG operó con la protección de la policía municipal: dos muertos y un herido.
En Jalisco, el pasado 26 de noviembre de 2025 fue asesinado Marcos Aguilar Rojas, representante de la comunidad tepehuana/wixárika de San Lorenzo Azqueltán, en Villa Guerrero. En Chiapas, el 12 de febrero de 2026, ocho familias tseltales fueron desalojadas violentamente de Jotolá, Chilón. El saldo: 30 personas desplazadas y una detención arbitraria, la del activista Francisco Moreno Hernández.
Y mientras tanto, en Oaxaca, el 15 de mayo pasado fue detenido Macario García Merino, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), organización que ha peleado por la autonomía de Copala y que ha dado refugio a cientos de familias desplazadas por la violencia.
En más de 20 años, el profesor Macario ha impulsado la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la región triqui. Recientemente participó en las actividades de solidaridad con las víctimas de desplazamiento forzado de la comunidad de Tierra Blanca Copala, quienes son beneficiarias de las Medidas Cautelares MC-279-22 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la detención, auspiciada por el gobierno estatal de Salomón Jara, los grupos metidos en la región buscan quebrar la resistencia indígena.
¿Qué une estos casos? Detrás de cada comunidad atacada hay minerales, bosques, agua, tierras fértiles o rutas estratégicas para el narcotráfico y los megaproyectos. El CJNG y Los Ardillos no actúan solos: lo hacen a favor de intereses económicos inconfesables, con la complicidad de policías municipales, gobiernos estatales omisos o coludidos, y con el silencio de los medios de comunicación.
El patrón se repite: los poderosos criminalizan la autodefensa comunal; los cárteles asesinan a las rondas, guardias y policías comunitarias; los empresarios se benefician del desplazamiento de familias, y quienes acaban en las cárceles son los representantes de las comunidades.
Mientras tanto, los intereses económicos –legales e ilegales– siguen avanzando sobre territorios indígenas… así, sin “consulta previa, libre e informada”.
No estamos sólo ante un problema de “inseguridad” o de conflictos “entre comunidades”. Se trata de un despojo en marcha, con armas de alto poder y con la complicidad de funcionarios corruptos. Acumulación de capital, le llaman. Las comunidades indígenas no están en medio del fuego cruzado sino en la mira.
Urge que la Fiscalía General de la República asuma estas agresiones como lo que son: crímenes de lesa humanidad contra pueblos indígenas. Urge que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita medidas cautelares inmediatas. Y, sobre todo, urge que la sociedad mexicana muestre lo que se asegura con insistencia: su orgullo y respeto por las culturas de quienes primero habitaron el territorio que hoy nombramos México.
