- Y amedrentamiento de autoridades federales al merodear su casa y citarla en las oficinas de la Guardia Nacional en Ecatepec, para una evaluación de riesgos, el sábado pasado.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La defensa de Gilda Susana Lozoya Austin denunció actos de intimidación y amedrentamiento a su cliente por autoridades federales, al merodear su casa y citar a las oficinas de la Guardia Nacional en Ecatepec, para practicarle una evaluación de riesgos, el sábado pasado.
En una carta pública, el abogado Alejandro Rojas Pruneda acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional han cometido en agravio de su representada graves violaciones al debido proceso, la presunción de inocencia, la protección de datos personales y el derecho de defensa.
Por ello, pidió a la fiscal general Ernestina Godoy que ordene cesar todos los actos de intimidación y presión a Gilda Susana, imputada por presuntamente lavar 3.5 millones de dólares en el caso Agronitrogenados.
“El día de ayer (sábado), la defensa de Gilda Susana Lozoya Austin tuvo que interrumpir los trabajos de preparación de la defensa, ya que fuimos citados con apenas dos horas de anticipación, para que, a solicitud del Ministerio Público, nos trasladáramos a las oficinas de la Guardia Nacional que se encuentran en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
“A fin de que le hicieran una evaluación de riesgo que resultaba innecesaria en esta etapa procesal. Este acto es una violación a la defensa ya que se cuentan con 144 horas para preparar la misma y presentarla ante el juez”, expuso.
La juez federal Nora Ileana García Peralta otorgó la libertad provisional a la hermana de Emilio Lozoya el viernes pasado, al estimar que la FGR no acreditó su falta de arraigo en la Ciudad de México.
Lo anterior, ya que no era reciente la información con la que trató de acreditar que ella no estaba localizable en diversos domicilios. El mismo día, por la noche, Gilda Susana Lozoya se fue a su casa.
Según el litigante, personas que dijeron ser de la FGR se apersonaron al día siguiente en la privada donde habita la imputada para tratar de ingresar sin una orden escrita ni orden de cateo.
“A pesar de que es labor de la Unidad de Medidas Cautelares el supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas, se ha visto a agentes de la Agencia de Investigación Criminal merodeando el domicilio de mi representada, lo cual constituye un claro acto de intimidación y amedrentamiento”, dijo.
“Esta defensa hace un llamado a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, para que instruya el cese inmediato de cualquier acto de intimidación, discriminación o presión indebida en perjuicio de mi representada, de sus defensores y de cualquier autoridad judicial que intervenga en el presente asunto”.
Rojas volvió a quejarse de la actuación de la FGR, antes y durante la audiencia de imputación del pasado viernes, en particular por la difusión del video y fotografías de su captura, y el hecho de que, a la hora de pedir la prisión preventiva justificada, los fiscales argumentaran que el divorcio y no haber tenido hijos incrementan el riesgo de fuga.
El abogado reiteró que, en principio, la orden de aprehensión resultaba absolutamente innecesaria, porque los fiscales lo conocen plenamente y mantenían una comunicación permanente con él y bastaba con una solicitud para que su clienta compareciera voluntariamente a un citatorio.
“La publicación de la imagen de mi representada en medios de comunicación -tanto en video como en fotografía-, en la cual se advierte sometida, esposada y custodiada por dos agentes de la fuerza pública es ilegal y viola el artículo 113 fracciones XIV y XV del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Así como también, vulnera su presunción de inocencia, la privacidad de su imagen y datos personales, así como su dignidad humana”, añadió.
“Durante el debate de la medida cautelar, donde la fiscalía solicitó que mi representada estuviera en prisión preventiva, se realizaron comentarios altamente discriminatorios en agravio de ella.
“Al señalar, entre otros argumentos, que el hecho de ser una mujer divorciada y no tener hijos, ameritaba que tuviera su procedimiento en prisión. Tales manifestaciones constituyen expresiones estereotipadas incompatibles con el principio constitucional de igualdad y con la obligación de juzgar con perspectiva de género”.
Se quejó también que durante la audiencia, los fiscales expusieran los datos de diversos domicilios relacionados a la familia Lozoya (aunque en realidad no especificaron los números de las calles), incluido el actual de la imputada, pese a que la juez ordenó que la información fuera reservada.
Otra de las críticas del defensor es que en la diligencia del pasado viernes, cuando pretendió hacer valer una suspensión provisional contra la captura para impedir la prisión preventiva de Gilda Susana, la FGR le advirtiera que podía investigarlo a él y al juez de distrito Carlos Alberto Rico Mondragón, quien la concedió la medida, por un posible delito de violación a la Ley de Amparo.
“Circunstancia que motivó un llamado de atención por parte de la Jueza de Control, quien reprochó expresamente tales manifestaciones durante la audiencia”, afirmó.
La suspensión a la que alude corresponde a un amparo presentado el 1 de julio pasado ante el Juez Primero de Distrito en Materia Penal, Carlos Alberto Rico, el mismo día en que Gilda Susana fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Al día siguiente, cuando se iba a llevar a cabo la audiencia inicial, el juez Rico debía resolver y notificar la suspensión provisional pero no lo hizo.
Ese mismo día el abogado pidió que se aplazara la audiencia para el viernes con el argumento de que debía revisar la carpeta de investigación, que constaba de 70 mil fojas, petición que le fue concedida.
El viernes finalmente se llevó a cabo la audiencia inicial y ese mismo día el juez Rico le notificó la suspensión contra la captura de la imputada, aunque no fue considerada por la juez de control Nora Ileana García Peralta porque la captura ya era un acto consumado y además esa suspensión no se había notificado aún en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
