POR KUKULKAN
DICEN que la justicia es ciega, pero en México, además, parece padecer miopía selectiva. Hay personajes a los que una denuncia los hunde políticamente antes de llegar al Ministerio Público, mientras otros acumulan expedientes, investigaciones, solicitudes de desafuero y acusaciones públicas como quien colecciona estampillas. Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, pertenece sin duda a esta última categoría.
POCOS políticos mexicanos pueden presumir un expediente tan nutrido… y una tranquilidad procesal tan envidiable. Desde 2019, el dirigente nacional del PRI ha sido objeto de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, movimientos financieros irregulares y otros posibles delitos.
HAN PASADO fiscales, ministerios públicos, legislaturas completas, presidentes de la Comisión Instructora y hasta diferentes gobiernos. Sin embargo, el resultado práctico sigue siendo exactamente el mismo: Alejandro Moreno continúa intocable. Lo más llamativo es que las primeras acusaciones ni siquiera provinieron de sus adversarios políticos.
FUE EL PROPIO Ulises Ruiz, exgobernador priista de Oaxaca y aspirante a la dirigencia nacional del partido, quien pidió investigar el presunto enriquecimiento ilícito de Moreno por la adquisición de 16 inmuebles y el manejo de diversas cuentas bancarias. Es decir, las primeras víboras salieron del mismo nido. Aquella denuncia terminó archivada.
DESPUÉS llegaron otras. La Fiscalía General de la República abrió investigaciones. Morena presentó nuevas denuncias. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, también llevó el caso a las autoridades. Incluso el ex presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, promovió otra carpeta tras un altercado ocurrido en la Cámara Alta.
LA LISTA de denunciantes es larga. La lista de consecuencias judiciales sigue vacía. Ni siquiera la Fiscalía General de la República solicitó formalmente retirar el fuero al dirigente priista. Y sin juicio de procedencia, el proceso simplemente no puede avanzar. Es como querer iniciar una carrera… con el semáforo permanentemente en rojo.
PERO si los expedientes llaman la atención, el patrimonio atribuido a Moreno genera todavía más preguntas. En 2022, la Fiscalía de Campeche cateó una de sus residencias ubicada en Lomas del Castillo. La propiedad fue valuada en alrededor de 130 millones de pesos. Las imágenes recorrieron el país: alberca, acabados de mármol, extensas áreas verdes, espacios de lujo y dimensiones más cercanas a un resort privado que a una vivienda convencional.
LA PREGUNTA que entonces formuló el ahora ex fiscal Renato Sales sigue flotando en el ambiente. ¿Cómo se construye un patrimonio de ese tamaño percibiendo el salario de un gobernador? No era una sentencia. Era precisamente la pregunta que buscaban responder las investigaciones.
SIN EMBARGO, el caso terminó enredado entre expedientes incompletos, procedimientos detenidos, solicitudes desechadas y nuevas carpetas que siguen esperando turno en los escritorios legislativos. La impunidad mexicana tiene una virtud extraordinaria: sabe administrar el tiempo. No necesita absolver. Le basta con aplazar. Mientras los años pasan, los expedientes envejecen, cambian los fiscales, se renuevan las legislaturas y la indignación pública encuentra nuevos protagonistas.
EL TIEMPO termina haciendo el trabajo que los tribunales nunca realizaron. Lo paradójico es que el discurso político nacional insiste una y otra vez en el combate a la corrupción. Todos prometen acabar con ella. Todos aseguran que ya no habrá intocables. Todos hablan de piso parejo frente a la ley. Hasta que aparece un caso incómodo. Entonces llegan los tecnicismos. Que falta un documento. Que la carpeta está incompleta. Que la solicitud nunca fue presentada. Que el expediente quedó fragmentado. Que todavía está en análisis. Que habrá que esperar al siguiente periodo legislativo.
Y ASÍ, la justicia mexicana convierte la burocracia en su mejor abogado defensor. Inclusive la insistente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de señalar que sería deseable recuperar los recursos presuntamente desviados antes que privilegiar el encarcelamiento, abre otro debate inevitable.
PARA devolver algo, primero tendría que acreditarse judicialmente que fue obtenido de manera ilícita. Y para llegar a esa etapa, el proceso penal debe avanzar. Justamente el paso que sigue detenido. No deja de ser curioso que un político señalado durante años por distintas autoridades, por integrantes de otros partidos e incluso por miembros del suyo, continúe protegido por un sistema donde el fuero parece haber recuperado su vieja función: no proteger la representación popular, sino blindar carreras políticas.
JUSTO esa era la intención original de la inmunidad constitucional: evitar persecuciones políticas, no convertirla en una sala de espera permanente para expedientes incómodos. Mientras tanto, Alejandro Moreno sigue encabezando el PRI, ocupando un escaño en el Senado y defendiendo su inocencia, derecho que le asiste mientras ninguna autoridad judicial determine lo contrario.
AUNQUE también es cierto que, después de casi siete años de investigaciones, denuncias, cateos, solicitudes de desafuero y carpetas abiertas, la pregunta ya no es únicamente qué ocurrió con el patrimonio del dirigente priista. La pregunta verdaderamente incómoda es otra. ¿Quién protege a quién? Cuando un expediente permanece inmóvil durante tantos años, la sospecha deja de recaer solamente sobre el investigado y empieza a alcanzar al sistema encargado de investigarlo.
