Zósimo Camacho
Colima condensa hoy la contradicción profunda que atraviesa todo el país: sacrificar ecosistemas milenarios y la vida de comunidades enteras para que el capital transnacional se acumule y reproduzca. Todo, en nombre del progreso y la economía nacional. Específicamente en Cuyutlán, la disyuntiva es preservar la naturaleza y 500 años de historia comunitaria o poner el territorio al servicio del comercio global.
La Laguna de Cuyutlán es el cuarto humedal más extenso de México, el quinto en importancia mundial para aves migratorias y sitio Ramsar, es decir, una ciénaga de relevancia planetaria. Enfrenta hoy la amenaza más grave. No es la primera vez que el desarrollo industrial golpea este ecosistema de más de 7 mil hectáreas, pero la embestida actual es de una magnitud sin precedentes: la ampliación del contiguo Puerto de Manzanillo, uno de los megaproyectos insignia del Plan México.
Con esta megaobra se pretende convertir a la bahía en el puerto más importante de América Latina, pues cuadruplicaría su capacidad de recepción de contenedores. El costo, como siempre, lo pagarán quienes han habitado estas riberas durante más de cinco siglos.
El proyecto, promovido por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, no es nuevo. Tuvo un antecedente en la administración de Felipe Calderón. Fue retomado y modificado por el actual gobierno. El plan se tornó más ambicioso, con mayor infraestructura proyectada para alcanzar objetivos económicos más relevantes. Se tornó entonces, en términos ambientales, más devastador.
La versión actual, difundida ampliamente por el gobierno de Colima, incorpora la destrucción irreversible de hábitats críticos como las Islas Cocodrilo y el traslado de depósitos de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al área portuaria, lo que implica un riesgo catastrófico de derrames y contaminación en un cuerpo de agua que ya ha sido golpeado por una primera ampliación portuaria, una terminal de gas natural licuado y una planta termoeléctrica.
El Vaso II de la Laguna, donde se planea la expansión, es el corazón biológico del sistema. Ahí se encuentra la mayor concentración de peces que alimenta la actividad pesquera de la zona, y un conjunto de islotes con gran riqueza arqueológica: desde pequeños vestigios hasta lomas funerarias. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, que ingresó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 8 de agosto de 2025 con el número de bitácora 09/MG-0134/08/25, contempla la remoción completa de estos islotes con explosivos para construir una gran plancha de concreto donde atracarán buques de gran calado.
La MIA, elaborada por la Universidad de Colima, reconoce que la tasa de dilución de contaminantes es insuficiente y prevé una contaminación trasladada e irreversible hacia los Vasos III y IV. A pesar de ello, la evaluación siguió su curso hasta que fue suspendida por información adicional en octubre de 2025. La suspensión, sin embargo, no ha detenido la maquinaria política. El gobierno del estado de Colima, a través del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Imades), se ha apresurado a fragmentar un mismo proyecto en varias Manifestaciones de Impacto Ambiental, una estrategia para facilitar su aprobación parcial, como si la destrucción de un ecosistema pudiera dosificarse sin consecuencias.
La respuesta de las comunidades ha sido contundente. La Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima, que cumple 101 años de operación formal pero cuyas raíces se hunden en una tradición de más de 500 años, ha visto cómo la calidad limpia y no contaminada del agua de la Laguna, esencial para la producción de sal artesanal, se pone en riesgo. La sal de Cuyutlán, producto de un proceso artesanal y ancestral, ostenta una reputación de pureza que le ha permitido insertarse en mercados internacionales altamente exigentes. Más de 1 mil 500 familias dependen directa e indirectamente de esta actividad.
Los pescadores, por su parte, saben que la alteración del flujo hidrológico y la destrucción del manglar significarán el colapso de su principal fuente de alimento e ingreso. El manglar de Cuyutlán, donde se encuentran cuatro de las seis especies que habitan en México, es un vivero natural; es aquí donde las larvas y los alevines de camarón y diversas especies de escama encuentran las condiciones ideales para crecer antes de migrar al mar. Sin este criadero, las poblaciones adultas se agotarán sin reemplazo. La seguridad alimentaria de cientos de familias desaparecerá.
Así, el destino de la Laguna de Cuyutlán no debería ser sólo un asunto económico. El derecho a un medio ambiente sano, consagrado en el Artículo Cuarto de la Constitución, es una obligación del Estado mexicano y una promesa tanto del gobierno federal como del estatal. La violación a este derecho, en conexión con el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la subsistencia digna, son las consecuencias previsibles de una decisión que privilegia la acumulación de capital sobre la vida de las comunidades. Los derechos culturales y al patrimonio biocultural también están en la mira: la actividad salinera, un testimonio vivo de la historia de México, está a punto de ser sepultada bajo el concreto.
Ante las críticas, las autoridades se apresuran a esgrimir que el proyecto contó con el aval de una “consulta pública”. Pero no dicen cómo se recabó tal opinión de la población. De destacarse que la consulta se llevara a cabo únicamente en línea, con fallas técnicas y sin garantizar el acceso a las comunidades. La asociación civil Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem) documentó que en una semana se recopilaron casi 100 pruebas de personas que no lograron registrar su opinión. Aunque la MIA quedó suspendida, la movilización social persiste. Ayer, 8 de julio, pescadores, salineros, apicultores y habitantes de Cuyutlán se manifestaron en las oficinas de la Semarnat en Colima para exigir que sus observaciones sean consideradas en el proceso de evaluación.
El discurso del desarrollo, sin embargo, avanza con la fuerza del dinero. En un video promocional, el gobierno estatal presume el proyecto: cinco terminales de contenedores, dos terminales privadas de petrolíferos, un centro de almacenamiento de Pemex con capacidad para 770 mil barriles, canales de navegación con dragado de 21 metros, y la promesa de posicionar a Manzanillo como líder en el comercio marítimo de América Latina. La retórica es grandiosa, pero oculta la realidad: para que el puerto crezca en esos términos, la laguna debe morir.
El gobierno del estado y la Semarnat federal han intentado presentar el rechazo de la MIA como un “ajuste técnico” y han promovido la narrativa de una supuesta Área Natural Protegida (ANP) de 200 mil hectáreas como una medida de compensación. La Demarem ha denunciado esta estrategia como un intento de “greenwashing”, un lavado de imagen que busca minimizar el riesgo socioambiental del proyecto. La declaratoria de ANP no exime ni compensa los impactos de la ampliación portuaria sobre la Laguna, menos aún cuando esa área protegida se va a ver vulnerada y contaminada inmediatamente después de la expansión y de la actividad del puerto.
El Estado mexicano, que se ha comprometido en foros internacionales a mitigar los efectos del cambio climático, está poniendo en riesgo un ecosistema que funciona como una barrera natural contra tsunamis, huracanes y sismos, y que aporta servicios ecosistémicos fundamentales para la resiliencia de las poblaciones aledañas. Contar con una barrera de manglar tan importante como la que hay en el Vaso II aminora notablemente el riesgo de desastres. La decisión de construir el megapuerto es también a costa de correr mayores riesgos de catástrofes naturales.
Pescadores, ambientalistas, apicultores y organizaciones sociales han actuado en todos los frentes. Han presentado quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima (CEDH), en las que solicitan medidas cautelares para suspender la evaluación y garantizar la no afectación. Han pedido a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) la declaratoria urgente de Área Natural Protegida y han notificado a la Secretaría de la Convención Ramsar, en Suiza, sobre la amenaza al sitio.
La Laguna de Cuyutlán es un sistema vivo del que dependen economías locales, identidad territorial, biodiversidad y servicios ambientales esenciales para Colima. La expansión portuaria en el Vaso II es una amenaza de colapso biológico que no se limitará a ese cuerpo de agua: la contaminación se propagará a los Vasos III y IV, es decir, a todo el sistema lagunar. El dragado, la contaminación y, crucialmente, la alteración del flujo hidrológico, destruirán la zona de alevinaje, sin la cual las poblaciones adultas se agotarán sin reemplazo.
En el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, ¿caben los modos de vida de los pobres y los ecosistemas en que habitan? Ninguna meta del gran capital tendría que estar por encima de ellos. Los pescadores y salineros de Cuyutlán son la memoria viva de un México que ha sabido coexistir con la naturaleza.
Que la decisión de Estado, tomada en las altas esferas del poder político y económico, no sea inamovible; que el modelo económico que devora todo a su paso se refrene ante la organización de la sociedad. Sin ecosistemas no hay futuro, por muy megapuertos que se construyan. La lucha por la Laguna de Cuyutlán es la del futuro de México.
