- Capacitan a la sociedad civil y funcionarios sobre los estándares en el Acuerdo de Escazú, referente a la participación en las decisiones ambientales.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Aunque México forma parte del Acuerdo de Escazú, uno de los principales desafíos sigue siendo llevar sus disposiciones a la práctica, particularmente en materia de participación ciudadana en decisiones ambientales y de desarrollo urbano.
De esta forma lo describió María Andrea Sanhuesa Echeverría, consultora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y del Secretariado del Acuerdo de Escazú.
En el marco del segundo taller de capacitación sobre participación ciudadana en proyectos urbanísticos realizado en Cancún, destacó que la entidad se convirtió en la primera experiencia subnacional de implementación del acuerdo entre los países que lo han ratificado.
Explicó que el objetivo del taller es capacitar tanto a integrantes de la sociedad civil como a funcionarios públicos sobre los estándares establecidos en el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, referente a la participación en las decisiones ambientales.
“Lo que busca es que las personas conozcan cómo organizar un proceso de participación para las decisiones ambientales, donde la ciudadanía tenga acceso a la información de los proyectos, pueda presentar observaciones y que estas sean consideradas por la autoridad”, explicó.
Sanhuesa Echeverría reconoció que el principal reto identificado en todos los países de la región, incluido México, es el desconocimiento del contenido del acuerdo, pese a que ya forma parte del marco jurídico internacional del país.
“Ser parte es un primer paso, pero conocer el contenido del acuerdo e implementarlo es un proceso de largo plazo.
“Estamos iniciando ese camino en Quintana Roo para que tanto funcionarios como sociedad civil conozcan sus derechos y obligaciones”, indicó.
Respecto a las resoluciones judiciales que en los últimos años han invalidado diversos programas de desarrollo urbano por deficiencias en los procesos de consulta pública, señaló que se trata de un área de oportunidad presente en distintos países de América Latina y no únicamente en Quintana Roo.
Precisó que el Acuerdo de Escazú también contempla la participación ciudadana en instrumentos como los planes de desarrollo urbano, por lo que llamó a fortalecer los mecanismos de consulta durante su elaboración.
Sobre las críticas relacionadas con la influencia que suelen tener sectores empresariales e inmobiliarios en estos procesos, la consultora aclaró que cualquier persona u organización tiene derecho a participar.
Subrayó, no obstante, que corresponde a las autoridades garantizar una participación equilibrada.
Añadió que el acuerdo establece la obligación de brindar apoyo especial a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a la información y eliminando barreras para que puedan intervenir en igualdad de condiciones en las decisiones ambientales.
