- El Poder Judicial de Quintana Roo tiene dificultades para encontrar a peritos avalados para asistir a personas enjuiciadas, lo que complica su defensa legal con procesos más lentos.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- La falta de peritos traductores certificados en lenguas indígenas dificulta y hace más lentos los procesos judiciales contra personas de comunidades originarias acusadas de cometer algún delito en Quintana Roo.
El presidente del Poder Judicial en el estado, magistrado Heyden José Cebada, reconoció las dificultades que enfrenta la institución para encontrar y contratar a peritos-traductores certificados.
La carencia de personas con este perfil impide garantizar un acceso más rápido y efectivo a la justicia entre indígenas que enfrentan algún proceso judicial.
En Quintana Roo, la población indígena es diversa y se incluye a mayas locales, además de personas que residen o llegan a trabajar de otros estados, como Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
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Entre las personas que se encuentran vinculadas a proceso se hablan más de 10 lenguas, lo que complica el desahogo de sus expedientes y procesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
El funcionario judicial explicó que en la entidad se tiene la obligación de contar con personal especializado que garantice el acceso efectivo a la justicia de quienes no se comunican a través del español.
El problema es tener falta de intérpretes certificados porque se impide brindar información sobre los derechos de las personas, que junto con la carencia de recursos económicos propios, son los problemas principales que enfrentan muchos detenidos sin sentencia.
Para brindar una cobertura mínima en todo el estado, explicó, se requiere de al menos la certificación de dos peritos traductores por cada lengua o variante dialectal, lo cual actualmente se incumple y genera dificultades para la integración adecuada de las carpetas, y el desahogo de las audiencias respectivas.
Cebada Rivas subrayó que la falta de personas traductoras representa un reto institucional que deberá atenderse de manera gradual, con el objetivo de fortalecer el respeto a los derechos humanos.
Igualmente, para asegurar procesos judiciales equitativos para las comunidades y los habitantes indígenas de la entidad.
Según la comisión de derechos humanos, una parte significativa de la población indígena en las prisiones es de origen maya, debido a la alta población indígena local.
Sin embargo, hay también presencia de otros grupos indígenas como tzeltal, tzotzil, náhuatl, y variantes de la región del sureste, como chuj y k’iché, entre otros.
