- El máximo tribunal del país invalidó diversas disposiciones legales de los estados de Zacatecas, Yucatán y Veracruz que permitían fiscalizar y auditar a partidos y sindicatos en materia de transparencia, cuando es facultad federal.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Leyes de los estados de Zacatecas, Yucatán y Veracruz que permitían a las autoridades estatales supervisar a partidos políticos y sindicatos en temas de transparencia, fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver sendas controversias constitucionales denunciando invasión de esfera de competencia entre el estado y la federación.
Estas normas facultaban a institutos locales para exigir información pública, revisar el manejo de datos personales e imponer obligaciones específicas a estos actores, como si fueran sujetos bajo control estatal directo.
En los hechos, esto generaba un doble esquema: partidos y sindicatos podían ser regulados tanto por autoridades locales como por instancias federales, lo que provocaba reglas distintas según la entidad, trámites duplicados y falta de claridad sobre quién tenía la última palabra.
Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ese modelo queda sin efecto. A partir de ahora, los estados ya no podrán intervenir en la supervisión de la transparencia ni en la protección de datos personales de partidos políticos y sindicatos, ni crear organismos locales con facultades para regularlos en esta materia.
La Corte determinó que estas funciones corresponden exclusivamente al ámbito federal. En el caso de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) será la única autoridad responsable, mientras que en el caso de los sindicatos la competencia recaerá en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
El criterio se basa en reformas constitucionales recientes que reorganizaron el sistema de transparencia en México y en la emisión de leyes generales que ya establecen las reglas para el acceso a la información y la protección de datos personales. Por ello, cualquier intento de los estados por legislar en este ámbito se considera una invasión de competencias.
La ministra Lenia Batres, quien votó a favor de la resolución, propuso eliminar todas las referencias a partidos políticos y sindicatos en la legislación local, al señalar que sus obligaciones ya están definidas a nivel federal. Su postura subraya que mantener estas disposiciones en leyes estatales resulta redundante y puede generar confusión.
La decisión obliga a los estados a modificar su marco legal y retirar atribuciones que venían ejerciendo. También cambia la ruta para los ciudadanos: cualquier solicitud de información o inconformidad relacionada con partidos o sindicatos deberá dirigirse únicamente a instancias federales. Con ello, se pasa de un sistema con múltiples autoridades a un modelo centralizado que busca uniformar criterios y evitar duplicidades en todo el país.
